En él se incluyen parámetros tan sensibles como la localización geográfica o el tipo de contrato de los interlocutores. Éstos se entregan a los llamados agentes faculta- dos junto con el contenido de la conversación, salvo que el juez los excluya de forma expresa. .Estos datos asociados pueden no afectar al secreto de las comunicaciones, pero sí y de lleno a la intimidad de las personas, al derecho de cada uno a estar donde quiera y con quien quiera sin que nadie lo sepa.
Un software de esta naturaleza necesariamente tiene que estar sometido a serios controles, tanto democráticos como judiciales. El primero, y no podía ser de otra manera en una democracia avanzada como dice el preámbulo de la Constitución, es el debate Parlamentario. A todos nos interesan y preocupan las cosas públicas y tenemos derecho a saber.
El segundo, un control judicial efectivo. Para ello,la primera exigencia es que no existan mas datos ni conversaciones que los expresamente admitidos en el procedimiento. Ahora es posible que el Tribunal Constitucional examine la suficiencia del rango normativo de las disposiciones y lo armonice con la Carta Magna, que ampara el derecho de los españoles a mantener el secreto de las comunicaciones, la privacidad y la protección de datos.
Pero lo importante es superar la miopía partidista que nos ha privado de ese debate necesario llegando a poner en peligro nuestro sistema de garantías. No se trata de PP frente a PSOE. Aquí jugamos a todo o nada: o ganamos todos o perdemos todos con independencia de la ideología de cada cual. Hablamos de derechos civiles, no de ventajas políticas. Pocos van a discutir que el Estado no utilice la tecnología para la lucha contra la delincuencia. Pero las medidas concretas deben ser respetuosas con el sistema de garantías, además de públicas y conocidas, pues es la única forma de que el ciudadano pueda exigir el cumplimiento de la ley y el respeto de sus derechos.
Editorial de Gaceta.es
Artículo
Sitel, el programa que 'escuchó' al PP
Roberto R. Ballesteros Gaceta.es .- EL Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero utiliza desde 2004 un software fabricado por Ericsson capaz de pinchar todos los teléfonos de España al mismo tiempo. El programa permite a la Policía rastrear a una velocidad inédita hasta ahora todo tipo de llamadas. Los agentes tienen acceso a las conversaciones en tiempo real, pero también a datos tan sensibles como la identidad de los comunicantes, el lugar desde donde llaman, la operadora que utiliza e incluso el tipo de contrato que tienen.
El Sistema Integral de Interceptación de Comunicaciones Electrónicas (Sitel) consigue esta revolución gracias a estar incardinado en el mismo proveedor de redes de comunicaciones en el que se apoyan las operadoras telefónicas. "Sitel es la propia centralita", asegura un experto conocedor de la aplicación que prefiere permanecer en el anonimato.
El Gobierno utiliza un avanzado 'software' para interceptar llamadas que Aznar no se atrevió a legalizar
El Gobierno de José María Aznar pagó 36 millones de euros a Ericsson por el software. Un año y medio después, la compañía entregó el programa al Ministerio del Interior, que se convirtió en propietario. Sin embargo, el PP no lo puso en marcha por no encontrar una cobertura legal adecuada -que regulara la privacidad y la protección de datos en este nuevo marco tecnológico-. Los informes de los ministerios de Justicia y Defensa y del Consejo General del Poder Judicial en 2001 y 2002 ponían demasiadas pegas.
Cuando el Ejecutivo socialista llegó al poder, no dudó en trabajar con el innovador software, que proporcionaba descomunales ventajas respecto a lo anterior. Hoy operan tres Centros de Interceptación de la red Sitel en España, uno en manos de la Policía Nacional, otro en la Guardia Civil y un tercero en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), informan a LA GACETA fuentes del Ministerio del Interior.
¿Un asunto técnico?
Conocedor de los informes judiciales negativos, el PSOE decidió enfocar la cuestión como un asunto meramente técnico, por lo que encargó el desarrollo legal al Ministerio de Industria, ignorando los nuevos problemas sobre privacidad y conservación de datos personales. Utilizó el mismo texto abandonado por el Gobierno Aznar y lo incluyó disimulado en el capítulo segundo del título V del Reglamento de la Ley General de Telecomunicaciones, del 15 de abril de 2005 (RD 424/2005).
Para entonces, Sitel ya llevaba un año funcionando sin marco legal. Así lo denunció el teniente fiscal de Madrid, Pedro Martínez, en un informe que elevó ante el Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, en junio de 2006. Martínez advertía que Sitel había sido utilizado sin cobertura jurídica y que el Reglamento aprobado en 2005 no tenía rango normativo suficiente, ya que la Constitución exige que estos asuntos sean regulados por ley orgánica. Los mismos argumentos fueron utilizados por la Asociación de Internautas en el recurso que interpuso el 29 de junio de 2005 ante el Tribunal Supremo contra el citado Reglamento . El alto tribunal sentenció el 5 de octubre de 2008 que un reglamento no es suficiente para regular el secreto de las comunicaciones, aunque no aclaró si es necesario alcanzar el rango de ley orgánica. Sí deja la puerta abierta a todo el que se sienta perjudicado por una interceptación a que pueda recurrir
La existencia de Sitel cambia el chip sobre el funcionamiento de las escuchas que realiza la Policía. Antes, el juez ordenaba pinchar un teléfono y, acto seguido, los agentes se ponían a trabajar . Aportaban al magistrado la conversación grabada y éste decidía qué parte tenía interés -y por lo tanto se incluía en el sumario-, y qué parte no lo tenía -y por lo tanto debía ser destruida-. Como entonces las conversaciones se grababan en cintas de casette, no había problemas a la hora de destruir el material. Sin embargo, ahora, con Sitel, no resulta tan sencillo. Los agentes aportan un CD, que luego destruyen si así lo exige el juez, quien no tiene por qué saber que esa grabación permanece en el servidor.
El martes 1 de septiembre, el portavoz de PP, Esteban González Pons, explicó los tres tipos de delito que a su entender debería analizar el juez y que se derivarían del procedimiento explicado. Uno, cuando los policías pinchan un teléfono sin permiso judicial. Dos, cuando lo hacen con permiso judicial, pero no se destruye el material. Y tres, cuando, además de almacenar la conversación, se filtra a los medios. Tras aparecer en El País y la Ser conversaciones de dirigentes del PP, el partido interpuso una denuncia por "revelación de secretos" e "interceptación ilegal de las comunicaciones con revelación".
Saber más sobre la Interceptación de las Comunicaciones en España
Un software de esta naturaleza necesariamente tiene que estar sometido a serios controles, tanto democráticos como judiciales. El primero, y no podía ser de otra manera en una democracia avanzada como dice el preámbulo de la Constitución, es el debate Parlamentario. A todos nos interesan y preocupan las cosas públicas y tenemos derecho a saber.
El segundo, un control judicial efectivo. Para ello,la primera exigencia es que no existan mas datos ni conversaciones que los expresamente admitidos en el procedimiento. Ahora es posible que el Tribunal Constitucional examine la suficiencia del rango normativo de las disposiciones y lo armonice con la Carta Magna, que ampara el derecho de los españoles a mantener el secreto de las comunicaciones, la privacidad y la protección de datos.
Pero lo importante es superar la miopía partidista que nos ha privado de ese debate necesario llegando a poner en peligro nuestro sistema de garantías. No se trata de PP frente a PSOE. Aquí jugamos a todo o nada: o ganamos todos o perdemos todos con independencia de la ideología de cada cual. Hablamos de derechos civiles, no de ventajas políticas. Pocos van a discutir que el Estado no utilice la tecnología para la lucha contra la delincuencia. Pero las medidas concretas deben ser respetuosas con el sistema de garantías, además de públicas y conocidas, pues es la única forma de que el ciudadano pueda exigir el cumplimiento de la ley y el respeto de sus derechos.
Editorial de Gaceta.es
Artículo
Sitel, el programa que 'escuchó' al PP
Roberto R. Ballesteros Gaceta.es .- EL Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero utiliza desde 2004 un software fabricado por Ericsson capaz de pinchar todos los teléfonos de España al mismo tiempo. El programa permite a la Policía rastrear a una velocidad inédita hasta ahora todo tipo de llamadas. Los agentes tienen acceso a las conversaciones en tiempo real, pero también a datos tan sensibles como la identidad de los comunicantes, el lugar desde donde llaman, la operadora que utiliza e incluso el tipo de contrato que tienen.
El Sistema Integral de Interceptación de Comunicaciones Electrónicas (Sitel) consigue esta revolución gracias a estar incardinado en el mismo proveedor de redes de comunicaciones en el que se apoyan las operadoras telefónicas. "Sitel es la propia centralita", asegura un experto conocedor de la aplicación que prefiere permanecer en el anonimato.
El Gobierno utiliza un avanzado 'software' para interceptar llamadas que Aznar no se atrevió a legalizar
El Gobierno de José María Aznar pagó 36 millones de euros a Ericsson por el software. Un año y medio después, la compañía entregó el programa al Ministerio del Interior, que se convirtió en propietario. Sin embargo, el PP no lo puso en marcha por no encontrar una cobertura legal adecuada -que regulara la privacidad y la protección de datos en este nuevo marco tecnológico-. Los informes de los ministerios de Justicia y Defensa y del Consejo General del Poder Judicial en 2001 y 2002 ponían demasiadas pegas.
Cuando el Ejecutivo socialista llegó al poder, no dudó en trabajar con el innovador software, que proporcionaba descomunales ventajas respecto a lo anterior. Hoy operan tres Centros de Interceptación de la red Sitel en España, uno en manos de la Policía Nacional, otro en la Guardia Civil y un tercero en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), informan a LA GACETA fuentes del Ministerio del Interior.
¿Un asunto técnico?
Conocedor de los informes judiciales negativos, el PSOE decidió enfocar la cuestión como un asunto meramente técnico, por lo que encargó el desarrollo legal al Ministerio de Industria, ignorando los nuevos problemas sobre privacidad y conservación de datos personales. Utilizó el mismo texto abandonado por el Gobierno Aznar y lo incluyó disimulado en el capítulo segundo del título V del Reglamento de la Ley General de Telecomunicaciones, del 15 de abril de 2005 (RD 424/2005).
Para entonces, Sitel ya llevaba un año funcionando sin marco legal. Así lo denunció el teniente fiscal de Madrid, Pedro Martínez, en un informe que elevó ante el Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, en junio de 2006. Martínez advertía que Sitel había sido utilizado sin cobertura jurídica y que el Reglamento aprobado en 2005 no tenía rango normativo suficiente, ya que la Constitución exige que estos asuntos sean regulados por ley orgánica. Los mismos argumentos fueron utilizados por la Asociación de Internautas en el recurso que interpuso el 29 de junio de 2005 ante el Tribunal Supremo contra el citado Reglamento . El alto tribunal sentenció el 5 de octubre de 2008 que un reglamento no es suficiente para regular el secreto de las comunicaciones, aunque no aclaró si es necesario alcanzar el rango de ley orgánica. Sí deja la puerta abierta a todo el que se sienta perjudicado por una interceptación a que pueda recurrir
La existencia de Sitel cambia el chip sobre el funcionamiento de las escuchas que realiza la Policía. Antes, el juez ordenaba pinchar un teléfono y, acto seguido, los agentes se ponían a trabajar . Aportaban al magistrado la conversación grabada y éste decidía qué parte tenía interés -y por lo tanto se incluía en el sumario-, y qué parte no lo tenía -y por lo tanto debía ser destruida-. Como entonces las conversaciones se grababan en cintas de casette, no había problemas a la hora de destruir el material. Sin embargo, ahora, con Sitel, no resulta tan sencillo. Los agentes aportan un CD, que luego destruyen si así lo exige el juez, quien no tiene por qué saber que esa grabación permanece en el servidor.
El martes 1 de septiembre, el portavoz de PP, Esteban González Pons, explicó los tres tipos de delito que a su entender debería analizar el juez y que se derivarían del procedimiento explicado. Uno, cuando los policías pinchan un teléfono sin permiso judicial. Dos, cuando lo hacen con permiso judicial, pero no se destruye el material. Y tres, cuando, además de almacenar la conversación, se filtra a los medios. Tras aparecer en El País y la Ser conversaciones de dirigentes del PP, el partido interpuso una denuncia por "revelación de secretos" e "interceptación ilegal de las comunicaciones con revelación".
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