Libertad de elección
La actualización o migración de los sistemas de información en un entorno de software de fuentes abiertas no depende ni está condicionada a un solo proveedor. Mientras que el software cerrado crea monopolios, el software de código abierto, genera libre competencia y verdadera neutralidad tecnológica, ya que cualquier empresa puede ofrecer sus productos bajo condiciones de código abierto. Migrar desde una código plataforma de código abierto a otra distinta es muy fácil; hacerlo desde una plataforma cerrada, no tanto.
· Seguridad y privacidad de sistemas y datos
La única forma de garantizar la seguridad de los sistemas y la confidencialidad de los datos de los ciudadanos es mediante la auditoría completa del funcionamiento de los sistemas informáticos. Esto es sólo posible en aplicaciones que pongan a disposición del cliente el código fuente. Si además, este código se hace público al ciudadano (aplicaciones de código abierto), éste tiene la confianza de que se está haciendo un uso responsable de sus datos.
· Perdurabilidad de la información
Los estándares abiertos permiten que cualquier persona, ahora o dentro de varios años, y usando cualquier plataforma, tenga acceso a los documentos electrónicos que generamos hoy en día. Los documentos realizados en formatos cerrados, sin embargo, está controlados directamente por la empresa que realiza el único programa capaz de abrirlos con fiabilidad. Si dicha empresa quiebra o deja de dar soporte, perdemos la información de los ciudadanos.
· Responsabilidad social
Si una administración usa un software que es peor y más caro está realizando claramente un acto de prevaricación de fondos públicos. En muchos casos, el software libre ofrece alternativas gratuitas o de menor coste de una calidad igual o superior a sus equivalentes. Y aunque la migración a software libre supusiera unos mayores costes, la administración pública, en pro de la transparencia y verdadera neutralidad tecnológica tiene el deber de no usar como opción por defecto plataformas cerradas cuando existen alternativas abiertas igualmente funcionales.
Dichos costes, por experiencias pasadas, se ha demostrado que no son mayores -sobre todo a largo plazo- sino simplemente se traslada desde el pago de licencias a empresas cuya actividad se encuentra fuera del territorio nacional a invertirlo en formación del personal propio.
· Fomento de la industria local
Tanto el soporte como la implementación de software libre puede realizarse por empresas de carácter local, y no generar un flujo exterior de contratación.
· No discriminación de los ciudadanos
La imposición de un formato de archivo cerrado para comunicarse con la administración pública supone una clara discriminación hacia los ciudadanos que no dispongan del único software que es 100% compatible con ese formato: bien sea por disponibilidad económica (teniendo en cuenta que es posible hacer los mismo con software libre y gratuito), bien por discriminación de ciertas plataformas de software, distintas del sistema predominante.
· Cumplimiento de la ley y de las recomendaciones de la Unión Europea
La ley de Administración electrónica, de obligado cumplimiento a partir de enero de 2009 dice explícitamente que las administraciones públicas tienen el deber de seguir los principios de "uso de estándares abiertos". El software libre es, normalmente, el que, por su propia naturaleza, más respetuoso es con los estándares informáticos.
· Coherencia con el resto de administraciones públicas nacionales e internacionales
Si las administraciones públicas de Francia, Alemania, Brasil o Ecuador o incluso ejemplos más cercanos: el gobierno de Extremadura y Andalucía, están recomendando, migrando e implantando software libre y estándares abiertos, es seguro que no se trata de una idea descabellada e inviable usar este tipo de tecnologías.
La actualización o migración de los sistemas de información en un entorno de software de fuentes abiertas no depende ni está condicionada a un solo proveedor. Mientras que el software cerrado crea monopolios, el software de código abierto, genera libre competencia y verdadera neutralidad tecnológica, ya que cualquier empresa puede ofrecer sus productos bajo condiciones de código abierto. Migrar desde una código plataforma de código abierto a otra distinta es muy fácil; hacerlo desde una plataforma cerrada, no tanto.
· Seguridad y privacidad de sistemas y datos
La única forma de garantizar la seguridad de los sistemas y la confidencialidad de los datos de los ciudadanos es mediante la auditoría completa del funcionamiento de los sistemas informáticos. Esto es sólo posible en aplicaciones que pongan a disposición del cliente el código fuente. Si además, este código se hace público al ciudadano (aplicaciones de código abierto), éste tiene la confianza de que se está haciendo un uso responsable de sus datos.
· Perdurabilidad de la información
Los estándares abiertos permiten que cualquier persona, ahora o dentro de varios años, y usando cualquier plataforma, tenga acceso a los documentos electrónicos que generamos hoy en día. Los documentos realizados en formatos cerrados, sin embargo, está controlados directamente por la empresa que realiza el único programa capaz de abrirlos con fiabilidad. Si dicha empresa quiebra o deja de dar soporte, perdemos la información de los ciudadanos.
· Responsabilidad social
Si una administración usa un software que es peor y más caro está realizando claramente un acto de prevaricación de fondos públicos. En muchos casos, el software libre ofrece alternativas gratuitas o de menor coste de una calidad igual o superior a sus equivalentes. Y aunque la migración a software libre supusiera unos mayores costes, la administración pública, en pro de la transparencia y verdadera neutralidad tecnológica tiene el deber de no usar como opción por defecto plataformas cerradas cuando existen alternativas abiertas igualmente funcionales.
Dichos costes, por experiencias pasadas, se ha demostrado que no son mayores -sobre todo a largo plazo- sino simplemente se traslada desde el pago de licencias a empresas cuya actividad se encuentra fuera del territorio nacional a invertirlo en formación del personal propio.
· Fomento de la industria local
Tanto el soporte como la implementación de software libre puede realizarse por empresas de carácter local, y no generar un flujo exterior de contratación.
· No discriminación de los ciudadanos
La imposición de un formato de archivo cerrado para comunicarse con la administración pública supone una clara discriminación hacia los ciudadanos que no dispongan del único software que es 100% compatible con ese formato: bien sea por disponibilidad económica (teniendo en cuenta que es posible hacer los mismo con software libre y gratuito), bien por discriminación de ciertas plataformas de software, distintas del sistema predominante.
· Cumplimiento de la ley y de las recomendaciones de la Unión Europea
La ley de Administración electrónica, de obligado cumplimiento a partir de enero de 2009 dice explícitamente que las administraciones públicas tienen el deber de seguir los principios de "uso de estándares abiertos". El software libre es, normalmente, el que, por su propia naturaleza, más respetuoso es con los estándares informáticos.
· Coherencia con el resto de administraciones públicas nacionales e internacionales
Si las administraciones públicas de Francia, Alemania, Brasil o Ecuador o incluso ejemplos más cercanos: el gobierno de Extremadura y Andalucía, están recomendando, migrando e implantando software libre y estándares abiertos, es seguro que no se trata de una idea descabellada e inviable usar este tipo de tecnologías.
