Por MARGARITA LÁZARO -(SOITU.ES).- Antes de seguir leyendo debemos mantener la calma y no echarnos las manos a la cabeza. Lo más probable es que el contenido de nuestro disco duro esté a salvo de espías. Según el artículo 18.4 de la Constitución, "la ley limita el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos". Pero como dice el refrán "siempre hay una excepción que confirma la regla". Según explica la abogada Ofelia Tejerina, "con una orden judicial" la Policía puede acceder al contenido de nuestro ordenador. Sería en casos de grave amenaza al Estado y "en materia de terrorismo hay excepciones claras".
Visto así, parece que la situación en España no es muy distinta a la de Alemania. Nosotros también estamos expuestos al 'gran hermano' policial. Sin embargo hay una gran diferencia: aquí no hay ninguna ley que lo regule. De ahí que Tejerina crea que sería interesante trasladar la tan polémica normativa germana aprobada en el Parlamento con 35 votos a favor y 34 en contra al terreno español. Ahora mismo, el registro de un ordenador "es algo bastante subjetivo ya que está en manos de un juez". "La ley de enjuiciamiento criminal debería prever en qué supuestos se puede entrar en un ordenador y bajo qué condiciones", explica. De esta forma, se supone que habría menos ambigüedad. "Si hay una ley orgánica que lo regule, una orden judicial que lo controle y un fin que lo justifique, en este caso la lucha antiterrorista, legalmente sería factible", explica. Otra cosa es que dependa de la libre interpretación de un juez.
Tráfico de comunicaciones
Claro que según Tejerina a este nivel hay cosas mucho más preocupantes en nuestro país. "Ahora mismo tal y como están las cosas los agentes facultados o la Policía pueden acceder a los datos de tráfico de nuestras comunicaciones sin una orden judicial que lo avale", explica. Esto significa que pueden ir a una compañía telefónica y pedir el listado de llamadas o mensajes enviados por un usuario en un periodo de fechas determinado. El contenido quedaría a salvo ya que esto vulneraría el derecho a la intimidad.
Pero... ¿no deberían ser los datos de tráfico información privada? Para el Tribunal Supremo, la respuesta es no. De ahí que en 2005 rechazase la denuncia interpuesta por la Asociación de internautas en este sentido. La Ley 25/2007 de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones opina lo mismo. Ésta no es más que la reforma del artículo 33 de la Ley 32/2003 que venía a decir que "deberá facilitarse para cualquier comunicación" sin ningún tipo de condiciones.
Esta denuncia está ahora en manos del Tribunal Constitucional. Ofelia Tejerina cree que este acceso debería estar regulado por una ley orgánica ya que la legislación actual vulnera no uno ni dos, sino tres derechos fundamentales. "El secreto de las comunicaciones, la intimidad y la protección de datos personales", aclara.
Polémica en Alemania
La moralidad de estas acciones es otra cosa y eso es lo que preocupa en Alemania. Para los internautas la nueva ley, que permite a la Policía federal instalar programas espías, a través de troyanos, en los ordenadores personales de sospechosos de terrorismo o de crímenes serios, supone un control abusivo. Vence la seguridad y la libertad se convierte en la clara víctima de este siglo. La imagen más clara de esta lucha se produjo el 30 de diciembre de 2007 cuando miles de manifestantes se concentraron en Hamburgo portando un ataúd cuyo lema rezaba: "en duelo por la pérdida de la esfera privada de las alemanas y alemanes".
El ministro del Interior, Wolfgang Schäuble, no está de acuerdo con tales acusaciones y defiende la medida explicando que las operaciones se realizarán en casos muy concretos, no de manera general, y de acuerdo con las leyes de protección de datos personales y con la consiguiente autorización judicial.
Pero hay más. El texto definitivo exime de la posibilidad de ser espiados a diputados, religiosos y abogados defensores. Sin embargo, no dice nada de médicos, resto de juristas y periodistas. Estos últimos ya han puesto en marcha una crítica conjunta. Los once grandes medios alemanes, encabezados por el semanario "Der Spiegel" y el diario "Süddeutsche Zeitung", consideran que vulnera el derecho a la información y restringe el periodismo de investigación, puesto que pone en peligro la confidencialidad de sus fuentes.
Visto así, parece que la situación en España no es muy distinta a la de Alemania. Nosotros también estamos expuestos al 'gran hermano' policial. Sin embargo hay una gran diferencia: aquí no hay ninguna ley que lo regule. De ahí que Tejerina crea que sería interesante trasladar la tan polémica normativa germana aprobada en el Parlamento con 35 votos a favor y 34 en contra al terreno español. Ahora mismo, el registro de un ordenador "es algo bastante subjetivo ya que está en manos de un juez". "La ley de enjuiciamiento criminal debería prever en qué supuestos se puede entrar en un ordenador y bajo qué condiciones", explica. De esta forma, se supone que habría menos ambigüedad. "Si hay una ley orgánica que lo regule, una orden judicial que lo controle y un fin que lo justifique, en este caso la lucha antiterrorista, legalmente sería factible", explica. Otra cosa es que dependa de la libre interpretación de un juez.
Tráfico de comunicaciones
Claro que según Tejerina a este nivel hay cosas mucho más preocupantes en nuestro país. "Ahora mismo tal y como están las cosas los agentes facultados o la Policía pueden acceder a los datos de tráfico de nuestras comunicaciones sin una orden judicial que lo avale", explica. Esto significa que pueden ir a una compañía telefónica y pedir el listado de llamadas o mensajes enviados por un usuario en un periodo de fechas determinado. El contenido quedaría a salvo ya que esto vulneraría el derecho a la intimidad.
Pero... ¿no deberían ser los datos de tráfico información privada? Para el Tribunal Supremo, la respuesta es no. De ahí que en 2005 rechazase la denuncia interpuesta por la Asociación de internautas en este sentido. La Ley 25/2007 de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones opina lo mismo. Ésta no es más que la reforma del artículo 33 de la Ley 32/2003 que venía a decir que "deberá facilitarse para cualquier comunicación" sin ningún tipo de condiciones.
Esta denuncia está ahora en manos del Tribunal Constitucional. Ofelia Tejerina cree que este acceso debería estar regulado por una ley orgánica ya que la legislación actual vulnera no uno ni dos, sino tres derechos fundamentales. "El secreto de las comunicaciones, la intimidad y la protección de datos personales", aclara.
Polémica en Alemania
La moralidad de estas acciones es otra cosa y eso es lo que preocupa en Alemania. Para los internautas la nueva ley, que permite a la Policía federal instalar programas espías, a través de troyanos, en los ordenadores personales de sospechosos de terrorismo o de crímenes serios, supone un control abusivo. Vence la seguridad y la libertad se convierte en la clara víctima de este siglo. La imagen más clara de esta lucha se produjo el 30 de diciembre de 2007 cuando miles de manifestantes se concentraron en Hamburgo portando un ataúd cuyo lema rezaba: "en duelo por la pérdida de la esfera privada de las alemanas y alemanes".
El ministro del Interior, Wolfgang Schäuble, no está de acuerdo con tales acusaciones y defiende la medida explicando que las operaciones se realizarán en casos muy concretos, no de manera general, y de acuerdo con las leyes de protección de datos personales y con la consiguiente autorización judicial.
Pero hay más. El texto definitivo exime de la posibilidad de ser espiados a diputados, religiosos y abogados defensores. Sin embargo, no dice nada de médicos, resto de juristas y periodistas. Estos últimos ya han puesto en marcha una crítica conjunta. Los once grandes medios alemanes, encabezados por el semanario "Der Spiegel" y el diario "Süddeutsche Zeitung", consideran que vulnera el derecho a la información y restringe el periodismo de investigación, puesto que pone en peligro la confidencialidad de sus fuentes.
