Javier Romera El Economista.- Ante esta situación, el pasado mes de enero Manglis, presentó un informe ante el Ministerio de Cultura con los pagos pendientes, y aunque es cierto que el departamento que dirige César Antonio Molina se interesó por la cuestión y preguntó a la entidad, ha eludido cualquier tipo de responsabilidad al respecto. Cultura se dio satisfecha con la contestación que le remitió la SGAE y no realizó ningún tipo de auditoría.
Carece de competencia
En una carta remitida al autor el pasado 6 de noviembre a la que ha tenido acceso elEconomista, la subdirectora general de Propiedad Intelectual, Clara Mapelli, le comunica que Cultura "carece de competencia para iniciar un procedimiento administrativo en relación con las reclamaciones efectuadas por los miembros de una entidad de derechos de propiedad intelectual contra la misma". De hecho, fuentes del Ministerio confirmaron ayer, ante la llamada de este periódico, que el único lugar al que pueden dirigirse los autores para pedir explicaciones ante posibles impagos es a la SGAE.
La entidad que dirige Teddy Bautista ha rechazado hacer ningún tipo de comentario, aunque en su contestación a Cultura niega los impagos y se escuda, ante los posibles problemas, en la "la complejidad que supone la gestión y administración de más de 5 millones de obras de todas las nacionalidades".
Pero los autores no se dan por satisfechos y la oposición tampoco. El PP ha registrado por ello una pregunta en el Congreso para que el Gobierno responda por escrito cuáles son los mecanismos de control de Cultura y cómo supervisa el reparto de los derechos de autor.
Sanción de Competencia
Ante la pasividad del Gobierno, la única que parece decidida a acabar con el monopolio en la gestión de los derechos de autor es la Comisión Nacional de la Competencia, que ha multado por prácticas prohibidas y abuso de posición dominante a dos organizaciones similares a la SGAE, la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (Agedi) y Artistas, Intérpretes y Ejecutantes (AIE).
Ambas deberán pagar multas de 815.000 y 615.000 euros respectivamente por haber exigido a Sogecable, la empresa que les ha denunciado, el pago de unas tarifas por el uso de fonogramas "manifiestamente más elevadas que las exigidas a TVE entre 1990 y 2002". Esta sanción resulta además especialmente grave porque, según asegura la Comisión Nacional de la Competencia, ésta es la segunda sanción en apenas dos años que se impone a Agedi "por abuso de posición dominante al aplicar para el uso de su repertorio de derechos condiciones desiguales". En 2006 la multa se impuso, sin embargo, ante una denuncia por discriminación presentada por Antena 3 y Telecinco.
Carece de competencia
En una carta remitida al autor el pasado 6 de noviembre a la que ha tenido acceso elEconomista, la subdirectora general de Propiedad Intelectual, Clara Mapelli, le comunica que Cultura "carece de competencia para iniciar un procedimiento administrativo en relación con las reclamaciones efectuadas por los miembros de una entidad de derechos de propiedad intelectual contra la misma". De hecho, fuentes del Ministerio confirmaron ayer, ante la llamada de este periódico, que el único lugar al que pueden dirigirse los autores para pedir explicaciones ante posibles impagos es a la SGAE.
La entidad que dirige Teddy Bautista ha rechazado hacer ningún tipo de comentario, aunque en su contestación a Cultura niega los impagos y se escuda, ante los posibles problemas, en la "la complejidad que supone la gestión y administración de más de 5 millones de obras de todas las nacionalidades".
Pero los autores no se dan por satisfechos y la oposición tampoco. El PP ha registrado por ello una pregunta en el Congreso para que el Gobierno responda por escrito cuáles son los mecanismos de control de Cultura y cómo supervisa el reparto de los derechos de autor.
Sanción de Competencia
Ante la pasividad del Gobierno, la única que parece decidida a acabar con el monopolio en la gestión de los derechos de autor es la Comisión Nacional de la Competencia, que ha multado por prácticas prohibidas y abuso de posición dominante a dos organizaciones similares a la SGAE, la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (Agedi) y Artistas, Intérpretes y Ejecutantes (AIE).
Ambas deberán pagar multas de 815.000 y 615.000 euros respectivamente por haber exigido a Sogecable, la empresa que les ha denunciado, el pago de unas tarifas por el uso de fonogramas "manifiestamente más elevadas que las exigidas a TVE entre 1990 y 2002". Esta sanción resulta además especialmente grave porque, según asegura la Comisión Nacional de la Competencia, ésta es la segunda sanción en apenas dos años que se impone a Agedi "por abuso de posición dominante al aplicar para el uso de su repertorio de derechos condiciones desiguales". En 2006 la multa se impuso, sin embargo, ante una denuncia por discriminación presentada por Antena 3 y Telecinco.
