EL caos de la Justicia no es nuevo, y desde luego no es achacable al ministro Bermejo. Pero no es lícito decir que se trata de una herencia del Franquismo, o que se trata de una exageración de los medios de comunicación, sin ofrecer dato alguno que lo acredite. Desde luego, quien así opina demuestra que desconoce el problema, y lo único que cabe esperar de su intelecto, es que se empecine en culpabilizar a los otros, sean políticos que le han precedido, o adversarios actuales, o periodistas, de aquello que es incapaz de evaluar, olvidando lo obvio: que la Justicia no es partidista, emana del pueblo y se administra en nombre del pueblo y para el pueblo.
El ministro olvida que, en estos 30 años, se han hecho muchas cosas. Se ha producido un importante cambio en el Estado Español, hemos pasado de un Estado unitario y centralista a un Estado autonómico y descentralizado, y la función pública ha sido reformada para prestar el mejor servicio público posible al ciudadano.
El último hito de este esfuerzo modernizador es la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, que garantiza el derecho a establecer comunicaciones electrónicas con las administraciones publicas, acercándolas a los salones de estar de los ciudadanos y a los despachos profesionales. Sin embargo la Justicia esta excluida del ámbito de aplicación de esta Ley. La esencia de la democracia reside en la legitimidad, y la Constitución le dio legitimidad al Poder Judicial, pero no eficacia, ya que la eficacia es atributo del servicio público pero no del poder y es precisamente esta dimensión de la Justicia como servicio público la que no ha sido desarrollada a lo largo de estos años. Estamos en la era digital, pero en la Justicia perviven principios de la sociedad agraria, como el sentido patrimonial del cargo, el justiciable como concepto que se antepone al de ciudadano, el secretismo y la obsesión por el papel y la escritura.
Los ciudadanos la perciben como una burocracia pesada, que exige siempre, lo primero el sacrificio del tiempo, los desplazamientos las colas de espera, y vuelva usted mañana. Las encuestas y los medios de comunicación resaltan constantemente su lentitud, su hermetismo, incluso su lenguaje, y sobre todo su incapacidad para justificar sus decisiones y comunicar con la sociedad. El problema es muy serio, no es una exageración de la prensa, al contrario es una realidad constatada por el propio Defensor del Pueblo en un reciente informe en donde la califica de kafkiana y angustiosa. También el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Javier Casas, resalta este problema.
En definitiva, el escaso esfuerzo presupuestario, la falta de medios tecnológicos, la sobrecarga de asuntos, y la ínfima planta judicial, han convertido a la Justicia en una Administración impotente, incapaz de resolver los problemas de los ciudadanos. Hoy en día es ineludible una ley que introduzca definitivamente el concepto de Servicio Público de la Justicia y de usuario en un nuevo marco jurídico que incorporando las tecnologías de la información y comunicación, garantice al ciudadano la prestación de esos servicios de una forma accesible, eficaz y transparente, aunque compatible con el régimen de garantías, lo que implica el reconocimiento explícito del derecho a saber del público. Pero sobre todo tiene que ser amable.
La ley deberá contemplar la obligación de los tribunales y juzgados de relacionarse con los ciudadanos mediante los nuevos canales, de los que internet es la estrella. Eso supone que los trámites abandonen el formato del papel, y pasen a realizarse en un fichero electrónico. Por consiguiente deberá construirse un sistema de validación que garantice en todo momento que un expediente digital es auténtico, que la identidad de quienes intervienen en él es la correcta, que no ha sido manipulado o alterado, y que ha sido archivado en condiciones seguras.
Todo esto implica un profundo cambio de actitud en la forma de entender el ejercicio de la Justicia en una sociedad democrática que sea capaz de generar consenso y una decidida voluntad política, lo que es incompatible con el espíritu de confrontación del Sr. Bermejo.
Opinión de Pedro Martínez, fiscal de la Comunidad de Madrid en la Gaceta.
El ministro olvida que, en estos 30 años, se han hecho muchas cosas. Se ha producido un importante cambio en el Estado Español, hemos pasado de un Estado unitario y centralista a un Estado autonómico y descentralizado, y la función pública ha sido reformada para prestar el mejor servicio público posible al ciudadano.
El último hito de este esfuerzo modernizador es la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, que garantiza el derecho a establecer comunicaciones electrónicas con las administraciones publicas, acercándolas a los salones de estar de los ciudadanos y a los despachos profesionales. Sin embargo la Justicia esta excluida del ámbito de aplicación de esta Ley. La esencia de la democracia reside en la legitimidad, y la Constitución le dio legitimidad al Poder Judicial, pero no eficacia, ya que la eficacia es atributo del servicio público pero no del poder y es precisamente esta dimensión de la Justicia como servicio público la que no ha sido desarrollada a lo largo de estos años. Estamos en la era digital, pero en la Justicia perviven principios de la sociedad agraria, como el sentido patrimonial del cargo, el justiciable como concepto que se antepone al de ciudadano, el secretismo y la obsesión por el papel y la escritura.
Los ciudadanos la perciben como una burocracia pesada, que exige siempre, lo primero el sacrificio del tiempo, los desplazamientos las colas de espera, y vuelva usted mañana. Las encuestas y los medios de comunicación resaltan constantemente su lentitud, su hermetismo, incluso su lenguaje, y sobre todo su incapacidad para justificar sus decisiones y comunicar con la sociedad. El problema es muy serio, no es una exageración de la prensa, al contrario es una realidad constatada por el propio Defensor del Pueblo en un reciente informe en donde la califica de kafkiana y angustiosa. También el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Javier Casas, resalta este problema.
En definitiva, el escaso esfuerzo presupuestario, la falta de medios tecnológicos, la sobrecarga de asuntos, y la ínfima planta judicial, han convertido a la Justicia en una Administración impotente, incapaz de resolver los problemas de los ciudadanos. Hoy en día es ineludible una ley que introduzca definitivamente el concepto de Servicio Público de la Justicia y de usuario en un nuevo marco jurídico que incorporando las tecnologías de la información y comunicación, garantice al ciudadano la prestación de esos servicios de una forma accesible, eficaz y transparente, aunque compatible con el régimen de garantías, lo que implica el reconocimiento explícito del derecho a saber del público. Pero sobre todo tiene que ser amable.
La ley deberá contemplar la obligación de los tribunales y juzgados de relacionarse con los ciudadanos mediante los nuevos canales, de los que internet es la estrella. Eso supone que los trámites abandonen el formato del papel, y pasen a realizarse en un fichero electrónico. Por consiguiente deberá construirse un sistema de validación que garantice en todo momento que un expediente digital es auténtico, que la identidad de quienes intervienen en él es la correcta, que no ha sido manipulado o alterado, y que ha sido archivado en condiciones seguras.
Todo esto implica un profundo cambio de actitud en la forma de entender el ejercicio de la Justicia en una sociedad democrática que sea capaz de generar consenso y una decidida voluntad política, lo que es incompatible con el espíritu de confrontación del Sr. Bermejo.
Opinión de Pedro Martínez, fiscal de la Comunidad de Madrid en la Gaceta.
