Javier Romera El Economista .- El expediente y la consecuente apertura de diligencias se ha iniciado a raíz de una denuncia presentada por dos grupos empresariales -la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías (Apemit) y la Asociación Española de Hosteleros Víctimas del Canon (Vache)-, tal y como adelantó elEconomista el pasado 4 de marzo.
Ambas mantienen que la SGAE y el resto de entidades que gestionan los derechos de autor estarían incurriendo en "financiación irregular directa del PSOE y CiU e indirecta de diversos partidos, lo que afectaría a su independencia", a través de la exoneración, en todo o en parte, de los pagos por el llamado canon digital, al margen del establecimiento en general de precios más bajos.
Los denunciantes, que aseguran actuar en nombre de 770.000 personas y más de 3.000 firmas colectivas, consideran que los representes de los autores estarían per- donando el canon a los grandes partidos y financiando además proyectos de algunas fundaciones cercanas a ellos. Es el caso de Faes en el Partido Popular y de las fundaciones Carolina, Indalecio Prieto, Jaime Vera, Largo Caballero y Pablo Iglesias en el PSOE.
Fundaciones
"Hay financiación directa de las entidades, fundaciones y organizaciones paralelas vinculadas a los partidos políticos y, por lo tanto, financiación encubierta de los mismos", se asegura en la denuncia.
El pasado 14 de mayo, el secretario general del Tribunal de Cuentas, José Antonio Pajares, contestó a las dos asociaciones asegurandoles que "siguiendo instrucciones [...], en la actualidad se siguen actuaciones jurisdiccionales en la Sección de Enjuiciamiento de este Tribunal". No obstante, Pajares explica también que con la documentación presentada no se acredita la existencia de un acuerdo entre las partes para el establecimiento de un precio inferior a los partidos políticos, por lo que "la verificación de la denuncia en vía administrativa queda condicionada a la fiscalización que sobre el ejercicio correspondiente realizará la coponencia de Partidos Políticos de esta institución".
Satisfacción entre las tiendas
Josep Jover, presidente de Apemit, mostró ayer su satisfacción por el hecho de que "el Tribunal de Cuentas haya entendido que los partidos y sus fundaciones deben pagar el canon". Y es que, en su opinión, la tasa "ha servido a algunos para obtener beneficios que van más allá de los que lograría un particular".
Las dos asociaciones explican que la actual normativa impone un canon digital de hasta 1,2 euros por cada DVD adquirido, comprado o repartido, independientemente de cual sea su contenido y la SGAE ,, la Sociedad General de Autores y Editores, estaría perdonando gran parte de los importes sujetos a esta tasa. Para ello aportan pruebas y documentos de algunos vídeos electorales realizados por el PSOE, CiU y, en menor medida, el PP. Y todo ello, según dicen, "aprovechando la situación de absoluto predominio en el mercado y estableciendo precios para los partidos políticos 50 veces más bajos que los que recibiría un ciudadano en las mismas condiciones".
Apemit, que representa fundamentalmente a las tiendas de informática, y Vache, que defiende los intereses de los bares y restaurantes, solicitan al Tribunal de Cuentas "la publicación de todos los contratos, convenios y acuerdos en- cubiertos" entre los partidos políticos y las entidades que gestionan los derechos de autor. Para la SGAE la situación se ha vuelto cada vez más complicada, sobre todo después de que la Audiencia Provincia de Barcelona haya dejado en el aire el pago del canon al paralizar varios juicios hasta que haya un pronunciamiento del Tribunal de Justicia de Luxemburgo, al que va a plantear una cuestión prejudicial.
La que sigue sin pronunciarse es la Fiscalía Anticorrupción. A finales del año pasado las asociaciones de internautas, las tiendas de informática y los hosteleros presentaron una denuncia contra la SGAE para que esclarecieran presuntas prácticas delictivas.
"Sabemos que la denuncia sigue en la Fiscalía, pero hasta ahora no nos han dicho cuál es el estado de la misma", asegura Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas.
Por otro lado, la SGAE reclamó ayer a las operadoras de telecomunicaciones un modelo de autorregulación para "erradicar" los contenidos ilegales de la Red. Pedro Farré, director de Relaciones Institucionales de la organización, abogó porque los proveedores de Internet vigilen los archivos que se descarguen o intercambien sus clientes. En su opinión, en caso de que estas compañías detecten contenidos ilegales, deberían iniciar acciones contra el "pirata informático" que podrían conllevar la suspensión temporal e, incluso, definitiva en Internet. La industria tecnológica rechaza estas medidas porque "para hacer cumplir las leyes están los jueces y policías".
Ambas mantienen que la SGAE y el resto de entidades que gestionan los derechos de autor estarían incurriendo en "financiación irregular directa del PSOE y CiU e indirecta de diversos partidos, lo que afectaría a su independencia", a través de la exoneración, en todo o en parte, de los pagos por el llamado canon digital, al margen del establecimiento en general de precios más bajos.
Los denunciantes, que aseguran actuar en nombre de 770.000 personas y más de 3.000 firmas colectivas, consideran que los representes de los autores estarían per- donando el canon a los grandes partidos y financiando además proyectos de algunas fundaciones cercanas a ellos. Es el caso de Faes en el Partido Popular y de las fundaciones Carolina, Indalecio Prieto, Jaime Vera, Largo Caballero y Pablo Iglesias en el PSOE.
Fundaciones
"Hay financiación directa de las entidades, fundaciones y organizaciones paralelas vinculadas a los partidos políticos y, por lo tanto, financiación encubierta de los mismos", se asegura en la denuncia.
El pasado 14 de mayo, el secretario general del Tribunal de Cuentas, José Antonio Pajares, contestó a las dos asociaciones asegurandoles que "siguiendo instrucciones [...], en la actualidad se siguen actuaciones jurisdiccionales en la Sección de Enjuiciamiento de este Tribunal". No obstante, Pajares explica también que con la documentación presentada no se acredita la existencia de un acuerdo entre las partes para el establecimiento de un precio inferior a los partidos políticos, por lo que "la verificación de la denuncia en vía administrativa queda condicionada a la fiscalización que sobre el ejercicio correspondiente realizará la coponencia de Partidos Políticos de esta institución".
Satisfacción entre las tiendas
Josep Jover, presidente de Apemit, mostró ayer su satisfacción por el hecho de que "el Tribunal de Cuentas haya entendido que los partidos y sus fundaciones deben pagar el canon". Y es que, en su opinión, la tasa "ha servido a algunos para obtener beneficios que van más allá de los que lograría un particular".
Las dos asociaciones explican que la actual normativa impone un canon digital de hasta 1,2 euros por cada DVD adquirido, comprado o repartido, independientemente de cual sea su contenido y la SGAE ,, la Sociedad General de Autores y Editores, estaría perdonando gran parte de los importes sujetos a esta tasa. Para ello aportan pruebas y documentos de algunos vídeos electorales realizados por el PSOE, CiU y, en menor medida, el PP. Y todo ello, según dicen, "aprovechando la situación de absoluto predominio en el mercado y estableciendo precios para los partidos políticos 50 veces más bajos que los que recibiría un ciudadano en las mismas condiciones".
Apemit, que representa fundamentalmente a las tiendas de informática, y Vache, que defiende los intereses de los bares y restaurantes, solicitan al Tribunal de Cuentas "la publicación de todos los contratos, convenios y acuerdos en- cubiertos" entre los partidos políticos y las entidades que gestionan los derechos de autor. Para la SGAE la situación se ha vuelto cada vez más complicada, sobre todo después de que la Audiencia Provincia de Barcelona haya dejado en el aire el pago del canon al paralizar varios juicios hasta que haya un pronunciamiento del Tribunal de Justicia de Luxemburgo, al que va a plantear una cuestión prejudicial.
La que sigue sin pronunciarse es la Fiscalía Anticorrupción. A finales del año pasado las asociaciones de internautas, las tiendas de informática y los hosteleros presentaron una denuncia contra la SGAE para que esclarecieran presuntas prácticas delictivas.
"Sabemos que la denuncia sigue en la Fiscalía, pero hasta ahora no nos han dicho cuál es el estado de la misma", asegura Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas.
Por otro lado, la SGAE reclamó ayer a las operadoras de telecomunicaciones un modelo de autorregulación para "erradicar" los contenidos ilegales de la Red. Pedro Farré, director de Relaciones Institucionales de la organización, abogó porque los proveedores de Internet vigilen los archivos que se descarguen o intercambien sus clientes. En su opinión, en caso de que estas compañías detecten contenidos ilegales, deberían iniciar acciones contra el "pirata informático" que podrían conllevar la suspensión temporal e, incluso, definitiva en Internet. La industria tecnológica rechaza estas medidas porque "para hacer cumplir las leyes están los jueces y policías".
