Los medios de comunicación españoles suelen dar esas noticias como si en España los miembros de las redes de intercambio de archivos estuvieran afectos a la legislación norteamericana y ahora, a la francesa, generando una notable confusión sobre todo a las personas ajenas a Internet. Nada más lejos de la realidad: en España, todas las sentencias judiciales coinciden en fallar que la ausencia de ánimo de lucro debe vedar cualquier persecución penal y, sobre todo, debe vedar todo intento de criminalización interesada de estos sistemas de intercambio de ficheros; además, el secreto de las comunicaciones y los derechos fundamentales de las personas, priman sobre derechos corporativos y privados.
Desde el Código penal, pasando por la Ley de Comercio Electrónico hasta la Ley de Protección de Datos amparan a los internautas españoles que intercambian archivos, depende del contenido concreto del fichero y depende del ánimo perseguido al realizar esa descarga.
Por eso los usuarios españoles de intercambio de archivos saben perfectamente que descargar un fichero de música, sin ánimo de lucrarse y para uso privado, no es
delito; que un fichero de un libro sin ánimo de lucrarse y para uso privado, tampoco es delito; un fichero de una película, tampoco es delito si lo hacen sin ánimo de lucro y para uso privado. Un fichero de una distro, tampoco, pero de un programa informático cuya distribución no es libre ni ha sido autorizada por su autor o distribuidor, sí sería delito porque, a diferencia de los otros tipos de ficheros, la descarga de software no está amparada por la copia privada.
Así las cosas, la sociedad digital española, ha combatido todos los intentos que el gobierno del presidente Zapatero en clara connivencia con las sociedades de gestión de los derechos de autor han auspiciado para criminalizar Internet.
Entre los que más impacto obtuvieron, fue la campaña que los Ministerios de Cultura y Justicia promocionaron para criminalizar Internet, con el eslogan "Ahora la ley actúa", que no dejaba en buen lugar a los encargados de su aplicación hasta aquel momento, ilustrado con una tenebrosa imagen de una persona delante de una pantalla, supuestamente de un ordenador, se nos informaba de lo siguiente: "La difusión de contenidos ilegales en Internet es un delito castigado incluso con la cárcel", a semejanza de las informaciones que suelen aparecer en las obras cinematográficas. El peso de la ley, que ahora actúa, según nos informaban los Ministerios de Cultura y de Justicia, podrían caer sobre cualquier buscador que posibilite el acceso a contenidos ajenos o sobre cualquier persona que tenga una página web con enlaces a contenidos ajenos, contenidos que alguien, de forma anónima, puede denunciar en un teléfono que no requería certificación alguna, teléfono patrocinado con fondos
públicos desde la Administración.
También este año 2007 la anterior ministra de Cultura, en compañía del Director General de la Policía y de la Guardia Civil, protagonizaron un despliegue propagandístico contra el P2P, curiosamente, igual que en el año 2006, unos días antes de Semana Santa. El motivo era anunciar a bombo y platillo la detención de diez personas y el presunto cierre de 21 webs dedicadas a informar a los internautas sobre enlaces presentes en las redes P2P, que al parecer se financiaban mediante publicidad. Una actividad ésta que, según la opinión de los políticos del partido gobernante presentes en el acto, era constitutiva de delito. Concluido 2007, los jueces que se han manifestado al respecto ha sido mediante el archivo de las denuncias.
Europa avala las tesis de los internautas. Las compañías proveedoras de Red no están obligadas en ningún caso a informar a los productores de música de los clientes que descargan música sino que, en su caso, debería darlos a las autoridades estatales o judiciales. La abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), Juliane Kokott, rechazó los argumentos de la Asociación de Productores de Música de España (Promusicae) y dictaminó que Telefónica no está obligada a suministrarles los datos de los clientes que descargan música por Internet. Es más, esto es así aunque los clientes puedan estar vulnerando los derechos de autor, y ni siquiera está tipificado como delito si no es con ánimo de lucro.
A pesar de las advertencias que la Comisión Europea ha lanzado ya a nuestro país, sobre el respeto a los derechos fundamentales en Internet y, el respeto a los procedimientos legales para determinar responsabilidades (caso Promusicae), nuestro poder legislativo a instancias del Ministerio de Industria y con la oposición del Consejo Asesor de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, se empeña con la Ley de medidas de Impulso a la Sociedad de la información, en mostrar sin tapujos, y hasta con orgullo, su falta de cultura digital. Continúa con su particular cruzada: "ante lo que no comprendo, y por tanto no puedo controlar en su medida y justa proporción, impongo el cierre por las bravas". Tan bravas son que permite que, tanto administraciones públicas como partidos políticos (incluso asociaciones con pocos escrúpulos) sean autoridades supuestamente "competentes" para
determinar el cierre de páginas web cuando sus contenidos les molesten.
Lamentablemente el Gobierno del presidente Zapatero, ha tomado parte, restringiendo libertades civiles y garantías constitucionales, ha despreciado a la sociedad digital que le ha dicho con más de 1.900.000 firmas "No al canon digital", que reivindica el acceso universal a la banda ancha, la neutralidad en la red, y que ha impugnado ante el Tribunal Supremo su liberticida normativa de interceptación de las
comunicaciones electrónicas y telefónicas. Por eso no debe sorprender a nadie que la misma sociedad digital que le llevó a la Moncloa con el "pásalo" en el 2004 , hoy escriba en más de cien mil sitios web: Canon digital con Z de Zgae.
Artículo de Víctor Domingo en el 'Anuario EL PAÍS' 2008
Información relacionada con el artículo:
LISI ,
P2P ,
INTERCEPTACIÓN COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS ,
CANON DIGITAL
Desde el Código penal, pasando por la Ley de Comercio Electrónico hasta la Ley de Protección de Datos amparan a los internautas españoles que intercambian archivos, depende del contenido concreto del fichero y depende del ánimo perseguido al realizar esa descarga.
Por eso los usuarios españoles de intercambio de archivos saben perfectamente que descargar un fichero de música, sin ánimo de lucrarse y para uso privado, no es
delito; que un fichero de un libro sin ánimo de lucrarse y para uso privado, tampoco es delito; un fichero de una película, tampoco es delito si lo hacen sin ánimo de lucro y para uso privado. Un fichero de una distro, tampoco, pero de un programa informático cuya distribución no es libre ni ha sido autorizada por su autor o distribuidor, sí sería delito porque, a diferencia de los otros tipos de ficheros, la descarga de software no está amparada por la copia privada.
Así las cosas, la sociedad digital española, ha combatido todos los intentos que el gobierno del presidente Zapatero en clara connivencia con las sociedades de gestión de los derechos de autor han auspiciado para criminalizar Internet.
Entre los que más impacto obtuvieron, fue la campaña que los Ministerios de Cultura y Justicia promocionaron para criminalizar Internet, con el eslogan "Ahora la ley actúa", que no dejaba en buen lugar a los encargados de su aplicación hasta aquel momento, ilustrado con una tenebrosa imagen de una persona delante de una pantalla, supuestamente de un ordenador, se nos informaba de lo siguiente: "La difusión de contenidos ilegales en Internet es un delito castigado incluso con la cárcel", a semejanza de las informaciones que suelen aparecer en las obras cinematográficas. El peso de la ley, que ahora actúa, según nos informaban los Ministerios de Cultura y de Justicia, podrían caer sobre cualquier buscador que posibilite el acceso a contenidos ajenos o sobre cualquier persona que tenga una página web con enlaces a contenidos ajenos, contenidos que alguien, de forma anónima, puede denunciar en un teléfono que no requería certificación alguna, teléfono patrocinado con fondos
públicos desde la Administración.
También este año 2007 la anterior ministra de Cultura, en compañía del Director General de la Policía y de la Guardia Civil, protagonizaron un despliegue propagandístico contra el P2P, curiosamente, igual que en el año 2006, unos días antes de Semana Santa. El motivo era anunciar a bombo y platillo la detención de diez personas y el presunto cierre de 21 webs dedicadas a informar a los internautas sobre enlaces presentes en las redes P2P, que al parecer se financiaban mediante publicidad. Una actividad ésta que, según la opinión de los políticos del partido gobernante presentes en el acto, era constitutiva de delito. Concluido 2007, los jueces que se han manifestado al respecto ha sido mediante el archivo de las denuncias.
Europa avala las tesis de los internautas. Las compañías proveedoras de Red no están obligadas en ningún caso a informar a los productores de música de los clientes que descargan música sino que, en su caso, debería darlos a las autoridades estatales o judiciales. La abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), Juliane Kokott, rechazó los argumentos de la Asociación de Productores de Música de España (Promusicae) y dictaminó que Telefónica no está obligada a suministrarles los datos de los clientes que descargan música por Internet. Es más, esto es así aunque los clientes puedan estar vulnerando los derechos de autor, y ni siquiera está tipificado como delito si no es con ánimo de lucro.
A pesar de las advertencias que la Comisión Europea ha lanzado ya a nuestro país, sobre el respeto a los derechos fundamentales en Internet y, el respeto a los procedimientos legales para determinar responsabilidades (caso Promusicae), nuestro poder legislativo a instancias del Ministerio de Industria y con la oposición del Consejo Asesor de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, se empeña con la Ley de medidas de Impulso a la Sociedad de la información, en mostrar sin tapujos, y hasta con orgullo, su falta de cultura digital. Continúa con su particular cruzada: "ante lo que no comprendo, y por tanto no puedo controlar en su medida y justa proporción, impongo el cierre por las bravas". Tan bravas son que permite que, tanto administraciones públicas como partidos políticos (incluso asociaciones con pocos escrúpulos) sean autoridades supuestamente "competentes" para
determinar el cierre de páginas web cuando sus contenidos les molesten.
Lamentablemente el Gobierno del presidente Zapatero, ha tomado parte, restringiendo libertades civiles y garantías constitucionales, ha despreciado a la sociedad digital que le ha dicho con más de 1.900.000 firmas "No al canon digital", que reivindica el acceso universal a la banda ancha, la neutralidad en la red, y que ha impugnado ante el Tribunal Supremo su liberticida normativa de interceptación de las
comunicaciones electrónicas y telefónicas. Por eso no debe sorprender a nadie que la misma sociedad digital que le llevó a la Moncloa con el "pásalo" en el 2004 , hoy escriba en más de cien mil sitios web: Canon digital con Z de Zgae.
Artículo de Víctor Domingo en el 'Anuario EL PAÍS' 2008
Información relacionada con el artículo:
LISI ,
P2P ,
INTERCEPTACIÓN COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS ,
CANON DIGITAL
