Daniel Rdoriguez - Libertad Digital - El libro se llama El intercambio de obras protegidas a través de las plataformas peer-to-peer y está escrito por Rafael Sánchez Aristi, profesor titular de Derecho Civil en la Universidad Rey Juan Carlos; el boletín de diciembre de 2007 del Instituto de Derecho de Autor publica un artículo con un interesante resumen de sus principales tesis.
Entre sus conclusiones cabe destacar que con la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, no es legal el intercambio de archivos debido a que para que pudiera considerarse como un uso legítimo del derecho de copia privada los usuarios deberían tener acceso legal a la obra, es decir, poseer una copia comprada del fichero compartido. No obstante, no sería un delito con relevancia penal, sino sólo un ilícito civil. Tampoco ve claro el autor que puedan ser perseguidos penalmente los responsables de páginas web con enlaces para descargar contenidos protegidos.
En lo que se refiere a las soluciones que encuentra Aristi, la primera sería la de cambiar la legislación para que este intercambio tenga el mismo estatus que la copia privada. También estudia la posibilidad de que las sociedades de gestión de derechos de autor otorguen licencias de uso a particulares y operadores de redes P2P a cambio de una remuneración, opción por la que parece decantarse. Pero también incluye la posibilidad de instaurar un nuevo canon, similar al de copia privada, para compensar las "pérdidas" de los poseedores.
El Instituto de Derecho de Autor es una entidad vinculada a la SGAE cuyo presidente, Antonio Delgado, fue consejero legal de la SGAE y miembro de la Comisión Ministerial que elaboró el Anteproyecto de la Ley de la Propiedad Intelectual de 1987. Fue en la presentación de la primera publicación de este instituto donde Teddy Bautista acuñó la memorable definición del canon: "concepción humanista del derecho de autor". La SGAE también le ha asegurado a este instituto un emplazamiento de lujo en el Palacio del Infante Don Luis, en Boadilla del Monte, junto a otras organizaciones vinculadas a la gestora como la Fundación Autor.
Dado esta relación, que podría considerarse similar a la que mantiene la FAES con el PP o la Fundación Alternativas con el PSOE, cabe temerse que las conclusiones de este estudio sean tenidas muy en cuenta por parte de la directiva de la SGAE.
Entre sus conclusiones cabe destacar que con la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, no es legal el intercambio de archivos debido a que para que pudiera considerarse como un uso legítimo del derecho de copia privada los usuarios deberían tener acceso legal a la obra, es decir, poseer una copia comprada del fichero compartido. No obstante, no sería un delito con relevancia penal, sino sólo un ilícito civil. Tampoco ve claro el autor que puedan ser perseguidos penalmente los responsables de páginas web con enlaces para descargar contenidos protegidos.
En lo que se refiere a las soluciones que encuentra Aristi, la primera sería la de cambiar la legislación para que este intercambio tenga el mismo estatus que la copia privada. También estudia la posibilidad de que las sociedades de gestión de derechos de autor otorguen licencias de uso a particulares y operadores de redes P2P a cambio de una remuneración, opción por la que parece decantarse. Pero también incluye la posibilidad de instaurar un nuevo canon, similar al de copia privada, para compensar las "pérdidas" de los poseedores.
El Instituto de Derecho de Autor es una entidad vinculada a la SGAE cuyo presidente, Antonio Delgado, fue consejero legal de la SGAE y miembro de la Comisión Ministerial que elaboró el Anteproyecto de la Ley de la Propiedad Intelectual de 1987. Fue en la presentación de la primera publicación de este instituto donde Teddy Bautista acuñó la memorable definición del canon: "concepción humanista del derecho de autor". La SGAE también le ha asegurado a este instituto un emplazamiento de lujo en el Palacio del Infante Don Luis, en Boadilla del Monte, junto a otras organizaciones vinculadas a la gestora como la Fundación Autor.
Dado esta relación, que podría considerarse similar a la que mantiene la FAES con el PP o la Fundación Alternativas con el PSOE, cabe temerse que las conclusiones de este estudio sean tenidas muy en cuenta por parte de la directiva de la SGAE.
