Javier Romera/Alicia Castellote - El Economista .- La última vez que el Ministerio de Cultura auditó las cuentas de la SGAE, tal y como establece la Ley de Propiedad Intelectual, fue hace diez años, bajo el Gobierno del Partido Popular. Desde entonces, ninguna institución pública se ha encargado de supervisar si los resultados económicos que presenta la entidad que gestiona los derechos de los autores se ajustan o no a la realidad.
Pese a las reclamaciones de todo el arco parlamentario, el Gobierno se escuda en un vacío legal para mantenerse al margen y no hace nada para subsanarlo. La Ley de Propiedad Intelectual, aprobada en 1996, establecía que el Ministerio de Cultura podrá exigir a las entidades de gestión cualquier tipo de información, ordenar inspecciones y auditorías y designar un representante que asista con voz pero sin voto a sus asambleas generales, consejos de administración u órganos análogos.
El problema surgió cuando dos autonomías -Cataluña y el País Vasco- presentaron un recurso ante el Constitucional contra dicho artículo, el 157 de la Ley, para exigir esa potestad. El Tribunal les dio la razón pero, desde entonces y pese a que la ley se ha modificado en sucesivas ocasiones, el Gobierno no ha modificado el artículo. El Ministerio de Cultura insiste en que es algo que ya no nos corresponde a nosotros, pero reconoce también que se tenía que haber modificado la norma para poder actuar.
El Constitucional no ha cuestionado la capacidad de auditar las cuentas de la SGAE, sino tan sólo quién lo debe hacer, asegura una portavoz. Hasta ahora, lo único que se ha hecho es introducir una frase aclaratoria en el preámbulo de la última modificación de la Ley, realizada en julio de 2006. Existen aspectos propios de la realidad española que deberán ser abordados en el futuro inmediato, como la clara delimitación de las competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, se asegura.
Y mientras tanto, la SGAE y el resto de entidades van por libre. Lo curioso es que en la votación del canon digital en las Cortes, el pasado diciembre, ningún partido vasco ni catalán reclamó las competencias. Y no sólo eso. Algunos, como CiU, exigieron incluso al Gobierno que un organismo independiente, público o privado, auditara las cuentas de la sociedad de Teddy Bautista. El PP ha ido incluso más allá y ha propuesto la creación de una Agencia Estatal de Propiedad Intelectual para controlar sus cuentas.
La SGAE se defiende y dice que sus balances financieros pasan la supervisión de firmas auditoras, pero éstas sólo analizan las cuentas y no entran en otras cuestiones como, por ejemplo, cómo se reparten los derechos entre los autores o si las cantidades que se cobran son o no abusivas. No extraña así que, tal y como ocurrió ayer, la entidad de gestión considerara acertado que un juez no condene a una empresa de autobuses de Aragón por no pagarle un canon por la música.
Pese a las reclamaciones de todo el arco parlamentario, el Gobierno se escuda en un vacío legal para mantenerse al margen y no hace nada para subsanarlo. La Ley de Propiedad Intelectual, aprobada en 1996, establecía que el Ministerio de Cultura podrá exigir a las entidades de gestión cualquier tipo de información, ordenar inspecciones y auditorías y designar un representante que asista con voz pero sin voto a sus asambleas generales, consejos de administración u órganos análogos.
El problema surgió cuando dos autonomías -Cataluña y el País Vasco- presentaron un recurso ante el Constitucional contra dicho artículo, el 157 de la Ley, para exigir esa potestad. El Tribunal les dio la razón pero, desde entonces y pese a que la ley se ha modificado en sucesivas ocasiones, el Gobierno no ha modificado el artículo. El Ministerio de Cultura insiste en que es algo que ya no nos corresponde a nosotros, pero reconoce también que se tenía que haber modificado la norma para poder actuar.
El Constitucional no ha cuestionado la capacidad de auditar las cuentas de la SGAE, sino tan sólo quién lo debe hacer, asegura una portavoz. Hasta ahora, lo único que se ha hecho es introducir una frase aclaratoria en el preámbulo de la última modificación de la Ley, realizada en julio de 2006. Existen aspectos propios de la realidad española que deberán ser abordados en el futuro inmediato, como la clara delimitación de las competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, se asegura.
Y mientras tanto, la SGAE y el resto de entidades van por libre. Lo curioso es que en la votación del canon digital en las Cortes, el pasado diciembre, ningún partido vasco ni catalán reclamó las competencias. Y no sólo eso. Algunos, como CiU, exigieron incluso al Gobierno que un organismo independiente, público o privado, auditara las cuentas de la sociedad de Teddy Bautista. El PP ha ido incluso más allá y ha propuesto la creación de una Agencia Estatal de Propiedad Intelectual para controlar sus cuentas.
La SGAE se defiende y dice que sus balances financieros pasan la supervisión de firmas auditoras, pero éstas sólo analizan las cuentas y no entran en otras cuestiones como, por ejemplo, cómo se reparten los derechos entre los autores o si las cantidades que se cobran son o no abusivas. No extraña así que, tal y como ocurrió ayer, la entidad de gestión considerara acertado que un juez no condene a una empresa de autobuses de Aragón por no pagarle un canon por la música.
