Se trata de un enfrentamiento largo tiempo vaticinado y que tuvo su primera escaramuza durante la tramitación de la Ley de Impulso de la Sociedad de la Información. En su articulado apareció por sorpresa una enmienda, la 17 bis, que daba un enorme poder a las entidades de gestión de derechos para obligar a las operadoras a eliminar contenidos de la Red y forzar a sus abonados a cejar en las actividades que consideran ilegales.
Ninguno de los actores del mercado estuvo dispuesto a aceptar algo parecido, con una fuerte oposición del Consejo Asesor de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (Catsi). Al final, dicho texto se cayó de la ley. Sin embargo, sería un error creer que esta unanimidad temporal se mantendrá en el futuro. Las operadoras, que cada vez hacen más hincapié en los eventos de televisión de pago, reconocen abiertamente que quieren limitar los intercambios de archivos, pero sólo si el marco legal les garantiza seguridad jurídica para hacerlo y la SGAE y sus socios se muestran más dialogantes. Las intenciones del Ejecutivo quedaron muy claras con la inclusión de la 17 bis, aunque ahora se limite a señalar que busca una autorregulación entre operadoras y entidades de gestión.
De hecho, todo apunta a que en 2008 España se replanteará una actuación a la francesa, con un gran acuerdo entre entidades de gestión, operadoras y Gobierno, frente a organizaciones de usuarios e internautas.
El problema es que estos últimos han mostrado un poder de convocatoria inusual, como demuestra el tremendo respaldo que obtuvieron en la batalla contra el canon digital, que ha servido de mucha ayuda al Ministerio de Industria en su pugna con Cultura. El hecho de que los precios de Internet estén bajo sospecha en nuestro país y la penetración relativamente baja de la banda ancha no ayudan a mejorar la situación. Con todo esto, parece imposible que el Gobierno vaya a meterse en esta pesadilla para su imagen pública antes de las elecciones. Después, todo parece posible.
Editorial de la Gaceta de los Negocios
Ninguno de los actores del mercado estuvo dispuesto a aceptar algo parecido, con una fuerte oposición del Consejo Asesor de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (Catsi). Al final, dicho texto se cayó de la ley. Sin embargo, sería un error creer que esta unanimidad temporal se mantendrá en el futuro. Las operadoras, que cada vez hacen más hincapié en los eventos de televisión de pago, reconocen abiertamente que quieren limitar los intercambios de archivos, pero sólo si el marco legal les garantiza seguridad jurídica para hacerlo y la SGAE y sus socios se muestran más dialogantes. Las intenciones del Ejecutivo quedaron muy claras con la inclusión de la 17 bis, aunque ahora se limite a señalar que busca una autorregulación entre operadoras y entidades de gestión.
De hecho, todo apunta a que en 2008 España se replanteará una actuación a la francesa, con un gran acuerdo entre entidades de gestión, operadoras y Gobierno, frente a organizaciones de usuarios e internautas.
El problema es que estos últimos han mostrado un poder de convocatoria inusual, como demuestra el tremendo respaldo que obtuvieron en la batalla contra el canon digital, que ha servido de mucha ayuda al Ministerio de Industria en su pugna con Cultura. El hecho de que los precios de Internet estén bajo sospecha en nuestro país y la penetración relativamente baja de la banda ancha no ayudan a mejorar la situación. Con todo esto, parece imposible que el Gobierno vaya a meterse en esta pesadilla para su imagen pública antes de las elecciones. Después, todo parece posible.
Editorial de la Gaceta de los Negocios
