Jornada 25 Aniversario Asociacion de Internautas


LEY DE CONSERVACIÓN DE DATOS DE LAS COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS

19 de Octubre de 2007: Día del Gran Hermano


Mientras unos se pelean con los otros, y todos entre si, sobre si la Ley de la recuperación de la memoria histórica condena suficientemente la represión franquista, o no. Sobre lo sucedido una vez que la resistencia fue liquidada y los últimos Maquis (guerrilla antifranquista) , ejecutados o encarcelados, se esta imponiendo una amnesia total. En especial sobre el pasado mas próximo, ni la lucha contra el franquismo de la emergente sociedad civil en los años 60, ni la transición, ni los doce años de Gobierno socialista con Felipe González a la cabeza , ni los ocho de Aznar, parece que hayan existido, y desde esa amnesia que abarca los derechos civiles, conquistados y consolidados en esos años, se esta diseñando la nueva "memoria del futuro".




El viernes 19 de octubre apareció publicado en el B.O.E. La Ley de conservación de datos de las comunicaciones electrónicas, a la que ya nos hemos referido en diversas ocasiones, la ultima vez, en el " PP y PSOE, unidos para aprobar la Ley que permitirá controlarnos a través de Internet y las comunicaciones electrónicas" . Esta Ley permite un control del Estado sobre el ciudadano, que ni Franco, ni Musolini, ni el mismo Hitler o Stalin , fueron capaces de imaginar.

En cambio, al finalizar la II Guerra Mundial, un gran observador de la realidad social y sus tendencias como fue George Orwell , si que lo hizo en la novela, 1984 basada en una extrapolación de prácticas de la Unión Soviética y de la Alemania Nazi , en donde descrio esa utopía negativa ubicada en el futuro cercano, lanzando así, una advertencia al mundo, sobre su futuro. Pero bajo el pretextó de la lucha contra la amenaza terrorista, la hemos olvidado.

Por eso, en este momento de recuperación del pasado, parece oportuno recordar que Orwel se alistó, al igual que miles de extranjeros, en las brigadas internacionales para luchar por la defensa de la libertad y la Republica Española. En diciembre de 1936 llego a Barcelona y fue asignado como miliciano al anti-estalinista POUM . Fue muy critico con el Partido Comunista de España, especialmente por estar sometido al control soviético, y las mentiras que se usaban como propaganda para la manipulación informativa, que desemboco en la represión, a la que fueron sometidos tanto los militantes del POUM, como los trotskistas y anarquistas, y todo aquel que supusiera el menor atisbo de crítica. De forma que tuvo que elegir entre la huida o el encarcelamiento.

Años mas tarde, narraría esta experiencia en "Homenaje a Cataluña “. Pero sin duda esta visión de la contienda, dentro de la contienda, de la utopía contra la distopía. Pero sobre todo, su propia vivencia de los hechos, y su percepción de los valores que defendió, y lo que combatió, la manipulación del individuo por el Poder mediante la propaganda primero y el terror después, contienen el germen de su obra maestra, la novela 1984. En ella, introdujo los conceptos del siempre presente y vigilante Gran Hermano , de la notoria habitación, 101
de la ubicua policía del pensamiento , y el Ministerio de la Abundancia, encargado de los asuntos relacionados con la economía y de conseguir que la gente viva siempre al borde de la subsistencia, que no cuestionen la información suministrada desde el Ministerio de la Verdad dedicado a escribir la Historia. Algo muy similar a lo que ocurre hoy en día con los mil euristas y la Ley de la Memoria Histórica.

Una vez establecido el recuerdo, (sea este nuestro homenaje a los olvidados luchadores de la libertad) quizá podamos entender mejor la realidad surgida el 19 de Octubre de 2006, día del nacimiento del Gran Hermano gracias al acuerdo alcanzado entre PSOE y PP. La opinión publica no ha sido informada de la publicación de la Ley. Los periódicos no han dedicado ni una línea para informar sobre su contenido, tampoco lo hicieron durante su tramitación parlamentaria, como tampoco lo ha hecho ningún miembro del Gobierno, ni de la Cámara, la labor de desinformación llevada a cabo por el Ministerio del Interior ( o seria mejor llamarlo Ministerio de la Verdad en clave Orweliana) ha sido casi perfecta, y decimos casi, porque Internet no lo pueden controlar por el momento. Aunque en eso están.

Mediante esta Ley se pretende crear enormes bases de datos de todos los ciudadanos, con los datos que se generan en nuestras comunicaciones electrónicas, ya sean telefónicas, mediante teléfonos móviles e incluso de telefonía por Internet, y también de las conexiones a Internet, que en vez de destruirse o hacerse anónimos se conservaran durante dos años. Mediante ellos se puede saber, los lugares por donde nos hemos movido durante los dos últimos años, con quien hemos hablado, donde estaba nuestro interlocutor, cuanto tiempo duro la conversación. También, se podrá saber quienes son nuestros amigos, nuestros clientes, los SMS que enviamos, a quien, las paginas web que visitamos, lo que descargamos, las compras que efectuamos por Internet, las operaciones de banca electrónica.... los correos que enviamos, a quien... en definitiva nuestros gustos y preferencias podrán ser conocidas y analizadas.

Con estos datos se construirá la memoria colectiva, que se esta empezando a escribir en los discos duros y demás unidades de memoria de los ordenadores de las ISP, que por cierto tendrán que pagar el CANON, y las ISP sin duda repercutirán en la factura a los consumidores. Ironía del destino tener que pagar a las gestoras de derechos de autor para que podamos ser espiados.

A esa memoria, en un futuro las autoridades podrán acceder, dentro de ciertos limites, que pretenden proteger a los ciudadanos del abuso según establece la Ley actual. Pero lo previsible no es que se ensanchen esas garantías o que la ley desaparezca, sino al contrario que las garantías se reduzcan y los derechos se limiten cada vez mas, en especial el derecho a la vida privada, la intimidad y la libertad de expresión, como esta ocurriendo en EE,UU, tras la USA Patriot

A nuestro juicio, a parte de asumir lo dicho en la editorial del pasado domingo y lo dicho en QUIS CUSTODIET IPSOS CUSTODES? (¿Quién guarda a los guardias?), para no repetir la argumentación, y añadiendo algo nuevo, sintetizamos descendiendo al terreno de la técnica los defectos que presenta la ley

De rango normativo: la ley afecta claramente a derechos fundamentales, como el derecho a la intimidad, la vida privada y el secreto de las comunicaciones, sin embargo es una Ley Ordinaria y por afectar a derechos fundamentales debería ser Ley Orgánica.

La ley afecta claramente a las competencias judiciales, establece un procedimiento para que el Juez autorice la entrega de la información, a nuestro juicio insuficiente, ya que no establece un verdadero control judicial, y no ha sido oído como es preceptivo el Consejo General del Poder Judicial.

La función consultiva del Consejo viene establecida en el art 108, en la letra e) dice, que tendrá que informar todos los anteproyectos de Ley referentes a: " Normas procesales o que afecten a aspectos jurídico-constitucionales de la tutela ante los Tribunales ordinarios del ejercicio de Derechos Fundamentales y cualesquiera otras que afecten a la constitución, organización, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales".

Falta de claridad y contradicción de la norma: En el art 1º apartado 1º fija como objeto de la cesión de datos la detección, investigación y enjuiciamiento de los delitos graves, es decir limita la cesión a delitos castigados con pena superior a tres años. Sin embargo al referirse en el articulo 6º a quienes son los receptores de la información en el apartado c) menciona a los miembros del CNI, y expresamente les excluye tal limitación, pues en este caso basta con que se trate de una investigación de seguridad, es decir lo que ellos quieran

Si bien es cierto que la policía necesitará autorización judicial para acceder a los datos, también lo es, que la interceptación de las comunicaciones se lleva a cabo de forma sistemática e indiscriminada, sin que medie una orden judicial. Por otra parte según el tenor literal del articulo 6º los datos no se entregan al juez para que discrimine cuales son relevantes para la investigación y cuales no, ni se incorporan a ningún tipo de diligencias previas, sino que se entregan directamente al agente facultado, quienes podrán disponer de ellos a su antojo sin control Judicial alguno.

Esta ausencia de control judicial permitirá que se reinvente la práctica desterrada por el Tribunal Supremo, y la Fiscalía General del Estado, (Circular 1/99), de realizar investigaciones predelictuales o de prospección desligadas de un hecho delictivo concreto, para ver si se descubre algo de alguien, por puro azar, pero sin saber qué se quiere descubrir.

Conviene recordar en relación con esto, que el Tribunal Constitucional en la sentencia 1951/1987 de 7 de Julio declaro inconstitucional la regulación del internamiento cautelar de extranjeros establecido en el art 26.2 de la primera Ley de Extranjeria 7/1985, precisamente por dejar el internamiento a disposición de la Autoridad Gubernativa y estableció algunas cautelas orientadas a enfatizar el papel de la autoridad judicial en la salvaguarda de los derechos de las personas afectadas. En aquel caso el derecho afectado era la libertad, ahora lo es, el derecho a la vida privada y la intimidad.

También preocupa que la nueva Ley, modifica la Ley General de Telecomunicaciones, concretamente el articulo 33, referente al secreto de las comunicaciones, para lavarse la cara, el Gobierno intentando incluir en la Ley, el núcleo del Reglamento que fue aprobado el 15 de abril de 2005, en el que se regula la interceptación de las comunicaciones y fue recurrido por la Asociación de Internautas, por referirse a una materia que esta reservada a la LEY, y que esta pendiente de resolución por el Tribunal Supremo. De esta forma intentan dejar sin efecto la futurible sentencia del Tribunal Supremo. Pero vuelve a equivocarse, la materia esta reservada a Ley Orgánica, que tiene un rango superior a la Ley Ordinaria que es la ahora utilizada y queda sin resolver el problema de las interceptaciones realizadas durante estos cuatro años.

Artículo de Pedro Martínez, Teniente Fiscal de Madrid.

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