Permitidme un poco de la breve aunque intensa historia de Internet. En febrero de 1996, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley de la Decencia de las Comunicaciones, las sociedades de derechos civiles la recurrieron y por tratarse del primer intento gubernamental de controlar Internet, la cuestión alcanzo difusión universal. La sentencia, decidida en una sesión histórica en Pensilvania y confirmada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, es un canto a la Libertad de Comunicación Publica. Define a Internet como una conversación universal, que el Gobierno no puede interrumpir y considera que es la forma de comunicación de masas mas desarrollada jamás conocida, y merece la mas estricta protección frente a la intrusión gubernamental...La ausencia de regulación gubernativa de los contenidos de Internet ha producido, una especie de caos...Pero es ese caos, lo que ha hecho de Internet un éxito. La fuerza de Internet reside en ese caos.
En la pasada legislatura, el señor Zapatero sostuvo desde la tribuna del pueblo en los debates sobre la Ley de Internet que ahora se esta revisando, que Nos aleja de Europa, señora Ministra, limita la libertad de expresión, atenta contra nuestra intimidad, incrementa la inseguridad en la red, obstaculiza el desarrollo de Internet en España, perjudica a casi todos, pero especialmente a las iniciativas más creativas y con menor poder adquisitivo . La ley finalmente se aprobó sin los votos socialistas.
En esta línea, el programa electoral de 2004, el PSOE, proponía convertir las telecomunicaciones en un derecho de los ciudadanos, garantizando un mejor acceso a los servicios, extendiendo la conectividad. Prometió la creación de un Fondo para la Igualdad en el Desarrollo de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, y un Bono para garantizarlo. Pues bien la Legislatura expira y nada de esto se ha hecho, al contrario avanzamos en la dirección opuesta.
Hace unos meses desde este mismo foro, decíamos en un artículo, que Las nuevas tecnologías, son y serán el campo de batalla en el que ya se libra la lucha por los derechos civiles, y ahora estamos en un momento histórico en el cual las estamos regulando y por lo tanto diseñando los espacios de libertad futura.
Sin embargo las enmiendas, afectan a dos aspectos fundamentales, para el reconocimiento y desarrollo de estas libertades. La inclusión de la banda ancha en el servicio universal y la necesidad de autorización judicial para retirar contenidos de las páginas web, y niega ambas posibilidades.
En relación con la banda Ancha, el viernes pasado, el diario ABC , descubría el truco. La enmienda, reproduce el 22.1 de la Ley General de Telecomunicaciones (LGT), que establece el derecho de todo usuario a obtener una conexión a la red telefónica pública, pero cambia el último párrafo, sustituyendo el concepto de que dicha conexión deberá «permitir comunicaciones de fax y datos en banda ancha, en los términos y calidades definidos por la normativa comunitaria para el servicio universal».
Sin embargo la normativa a la que se refiere, no dice nada sobre la banda ancha. Es más, el artículo 4.2 de la Directiva. 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, se limita a decir que la conexión deberá efectuarse a «velocidades suficientes para acceder de forma funcional a Internet»
El segundo aspecto, la retirada de contenidos de las paginas web sin autorización judicial, que parecía desterrado tras el ridículo del Ministro de Industria con el articulo 17 bis, negando desde Barcelona el documento que en esos precisos momentos estaba difundiendo su gabinete de prensa desde Madrid, vuelve a la carga con renovado ardor guerrero.
La enmienda dice así: Los únicos órganos competentes para restringir publicaciones, textos, imágenes, grabaciones audiovisuales o cualquier otro medio de información al que se acceda por medios electrónicos que afecte a los derechos y libertades de expresión y de información de los ciudadanos serán los Juzgados y Tribunales. Es decir en los otros casos será la autoridad competente, la que cerrara las páginas. Pero no dice cuales son estos casos, ni cual será esa autoridad competente, ni el procedimiento ni ámbito de aplicación. Por eso solo la Ley es inviable.
Pero además Internet no es más que un robusto sistema de información, hasta la publicidad. ¡Que no nos engañen¡, si se venden medicamentos u otros productos prohibidos, Sanidad o el Departamento al que le corresponda, deberá velar por la salud publica y los derechos de los consumidoras y retirar del comercio las mercancías peligrosas, y eso no se consigue secuestrando la publicidad, que es lo único que contiene la pagina web. Al contrario será preciso localizar los almacenes, entrar en ellos y retirarlos, eso supone la intervención judicial ya que estamos hablando de delitos contra la salud pública o de estafa.
Por otra parte, estamos asistiendo a como desde determinados sectores políticos con su equipo jurídico al frente, pretenden justificar la quema de fotografías del Rey en el ejercicio legitimo del derecho a expresar un sentimiento antimonárquico, y al mismo tiempo niegan que el bajarse música de Internet sea el ejercicio del derecho al acceso a la cultura
En ¿Controlar Internet? , advertíamos, que en realidad lo que se pretende con estas iniciativas, es eludir la garantía judicial para cerrar las paginas web de intercambio P2P, ya que los jueces lo deniegan si no se acredita un fin comercial.
Los trucos de ilusionista, no funcionan en una sociedad que interactúa en redes que nacen y crecen según la necesidad de cada instante intercambiando conocimiento rápidamente gracias al monstruo. El sistema siempre es el mismo, alguien descubre el truco, lo cuenta en una web, se empieza a difundir rápidamente, quedan en evidencia y el prestigio se les viene abajo.
Ahora no todo esta perdido, falta que la Ley se apruebe definitivamente en el Senado, tenemos al monstruo en estado salvaje, que nos permite estar conectados en red y hacernos oír, tenemos nuestro voto en las próximas elecciones. El movimiento contra el canon tiene reunidas cerca de 1.400.000, firmas , y tras cuatro años de lucha continua, ha tenido que ser la Comisión Europea quien nos este dando la razón , las comunidades internautas, las organizaciones del mundo digital, y el ejemplar e incansable esfuerzo de Asociación de Internautas que está dando cumplida respuesta a todas y cada una de las agresiones que han sufrido los ciberderechos en nuestro país, han demostrado capacidad de liderazgo para lograrlo. Dejemos que trasmitan el mensaje al Senado y si no se escucha hagámoslo oír, o guardemos silencio en las urnas.
Artículo de Pedro Martínez, Teniente Fiscal de Madrid
En la pasada legislatura, el señor Zapatero sostuvo desde la tribuna del pueblo en los debates sobre la Ley de Internet que ahora se esta revisando, que Nos aleja de Europa, señora Ministra, limita la libertad de expresión, atenta contra nuestra intimidad, incrementa la inseguridad en la red, obstaculiza el desarrollo de Internet en España, perjudica a casi todos, pero especialmente a las iniciativas más creativas y con menor poder adquisitivo . La ley finalmente se aprobó sin los votos socialistas.
En esta línea, el programa electoral de 2004, el PSOE, proponía convertir las telecomunicaciones en un derecho de los ciudadanos, garantizando un mejor acceso a los servicios, extendiendo la conectividad. Prometió la creación de un Fondo para la Igualdad en el Desarrollo de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, y un Bono para garantizarlo. Pues bien la Legislatura expira y nada de esto se ha hecho, al contrario avanzamos en la dirección opuesta.
Hace unos meses desde este mismo foro, decíamos en un artículo, que Las nuevas tecnologías, son y serán el campo de batalla en el que ya se libra la lucha por los derechos civiles, y ahora estamos en un momento histórico en el cual las estamos regulando y por lo tanto diseñando los espacios de libertad futura.
Sin embargo las enmiendas, afectan a dos aspectos fundamentales, para el reconocimiento y desarrollo de estas libertades. La inclusión de la banda ancha en el servicio universal y la necesidad de autorización judicial para retirar contenidos de las páginas web, y niega ambas posibilidades.
En relación con la banda Ancha, el viernes pasado, el diario ABC , descubría el truco. La enmienda, reproduce el 22.1 de la Ley General de Telecomunicaciones (LGT), que establece el derecho de todo usuario a obtener una conexión a la red telefónica pública, pero cambia el último párrafo, sustituyendo el concepto de que dicha conexión deberá «permitir comunicaciones de fax y datos en banda ancha, en los términos y calidades definidos por la normativa comunitaria para el servicio universal».
Sin embargo la normativa a la que se refiere, no dice nada sobre la banda ancha. Es más, el artículo 4.2 de la Directiva. 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, se limita a decir que la conexión deberá efectuarse a «velocidades suficientes para acceder de forma funcional a Internet»
El segundo aspecto, la retirada de contenidos de las paginas web sin autorización judicial, que parecía desterrado tras el ridículo del Ministro de Industria con el articulo 17 bis, negando desde Barcelona el documento que en esos precisos momentos estaba difundiendo su gabinete de prensa desde Madrid, vuelve a la carga con renovado ardor guerrero.
La enmienda dice así: Los únicos órganos competentes para restringir publicaciones, textos, imágenes, grabaciones audiovisuales o cualquier otro medio de información al que se acceda por medios electrónicos que afecte a los derechos y libertades de expresión y de información de los ciudadanos serán los Juzgados y Tribunales. Es decir en los otros casos será la autoridad competente, la que cerrara las páginas. Pero no dice cuales son estos casos, ni cual será esa autoridad competente, ni el procedimiento ni ámbito de aplicación. Por eso solo la Ley es inviable.
Pero además Internet no es más que un robusto sistema de información, hasta la publicidad. ¡Que no nos engañen¡, si se venden medicamentos u otros productos prohibidos, Sanidad o el Departamento al que le corresponda, deberá velar por la salud publica y los derechos de los consumidoras y retirar del comercio las mercancías peligrosas, y eso no se consigue secuestrando la publicidad, que es lo único que contiene la pagina web. Al contrario será preciso localizar los almacenes, entrar en ellos y retirarlos, eso supone la intervención judicial ya que estamos hablando de delitos contra la salud pública o de estafa.
Por otra parte, estamos asistiendo a como desde determinados sectores políticos con su equipo jurídico al frente, pretenden justificar la quema de fotografías del Rey en el ejercicio legitimo del derecho a expresar un sentimiento antimonárquico, y al mismo tiempo niegan que el bajarse música de Internet sea el ejercicio del derecho al acceso a la cultura
En ¿Controlar Internet? , advertíamos, que en realidad lo que se pretende con estas iniciativas, es eludir la garantía judicial para cerrar las paginas web de intercambio P2P, ya que los jueces lo deniegan si no se acredita un fin comercial.
Los trucos de ilusionista, no funcionan en una sociedad que interactúa en redes que nacen y crecen según la necesidad de cada instante intercambiando conocimiento rápidamente gracias al monstruo. El sistema siempre es el mismo, alguien descubre el truco, lo cuenta en una web, se empieza a difundir rápidamente, quedan en evidencia y el prestigio se les viene abajo.
Ahora no todo esta perdido, falta que la Ley se apruebe definitivamente en el Senado, tenemos al monstruo en estado salvaje, que nos permite estar conectados en red y hacernos oír, tenemos nuestro voto en las próximas elecciones. El movimiento contra el canon tiene reunidas cerca de 1.400.000, firmas , y tras cuatro años de lucha continua, ha tenido que ser la Comisión Europea quien nos este dando la razón , las comunidades internautas, las organizaciones del mundo digital, y el ejemplar e incansable esfuerzo de Asociación de Internautas que está dando cumplida respuesta a todas y cada una de las agresiones que han sufrido los ciberderechos en nuestro país, han demostrado capacidad de liderazgo para lograrlo. Dejemos que trasmitan el mensaje al Senado y si no se escucha hagámoslo oír, o guardemos silencio en las urnas.
Artículo de Pedro Martínez, Teniente Fiscal de Madrid
