(EUROPA PRESS).- Esta asociación, titular de la denuncia que ha derivado en la imposición de una multa a ambas compañías, considera "muy importante" la resolución del procedimiento sancionador, "con el fin de que no queden impunes conducatas contrarias a los derechos de los consumidores".
La UCE denunció en julio de 2006 a ambas operadoras por modificar de manera "unilateral" aspectos "sustanciales" de los contratos de los usuarios, imponiendo periodos mínimos de 18 meses de permanencia, cambios del consumo mínimo contratado, penalizaciones de 150 euros por causar baja anticipada, comunicaciones a través de la web y, "la más grave si cabe", la posibilidad de cambios en la numeración.
La asociación presentó la denuncia después de que en marzo de 2006 todos los clientes de contrato de Vodafone y Movistar recibieron junto con la factura de ese mes una comunicación por la cual se les procedía a modificar "de manera unilateral y sustancial" las condiciones del servicio que hasta ese momento tenían contratado y que fueron aplicables transcurrido un mes desde su recepción.
El Instituto Nacional de Consumo dio traslado de la denuncia presentada por UCE a la Consejería de Economía y Consumo de la Comunidad de Madrid, por ser competente en materia de Consumo.
La UCE denunció en julio de 2006 a ambas operadoras por modificar de manera "unilateral" aspectos "sustanciales" de los contratos de los usuarios, imponiendo periodos mínimos de 18 meses de permanencia, cambios del consumo mínimo contratado, penalizaciones de 150 euros por causar baja anticipada, comunicaciones a través de la web y, "la más grave si cabe", la posibilidad de cambios en la numeración.
La asociación presentó la denuncia después de que en marzo de 2006 todos los clientes de contrato de Vodafone y Movistar recibieron junto con la factura de ese mes una comunicación por la cual se les procedía a modificar "de manera unilateral y sustancial" las condiciones del servicio que hasta ese momento tenían contratado y que fueron aplicables transcurrido un mes desde su recepción.
El Instituto Nacional de Consumo dio traslado de la denuncia presentada por UCE a la Consejería de Economía y Consumo de la Comunidad de Madrid, por ser competente en materia de Consumo.
