PATRICIA FERNÁNDEZ DE LIS EL PAÍS La polémica sobre el artículo 17 bis de la LISI (Ley de Impulso de la Sociedad de la Información) estalló la semana pasada, cuando la Asociación de Internautas (AI) denunció que ese punto se había incorporado tardíamente a la LISI y sin que ninguno de los miembros del CATSI (Consejo Asesor de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información), que agrupa a los expertos del sector y asesora al Ministerio de Industria, pudiera revisarlo.
La organización hacía público también un dictamen del Consejo de Estado, que criticaba el artículo "tanto por su tramitación como por su contenido". En el 17 bis se legitima a las entidades gestoras de derechos de autor (como SGAE o CEDRO) a obligar a los proveedores de acceso a Internet a bloquear las páginas web que contengan información presuntamente ilícita, tras una notificación a su dueño. Si el acusado no responde en diez días, la web sería cerrada, sin decisión judicial previa. El órgano asesor criticaba que el Gobierno utilizara este sistema de notificación "casi indiscriminado", en lugar de fomentar un código de conducta, y que no hubiera consultado antes a las asociaciones afectadas.
Fuentes del Ministerio aseguraron ayer que se ha enviado este texto al CATSI no porque se quiera aprobar como tal, sino para realizar una reflexión a partir de él. Ayer, precisamente, el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos, "garantizó" en el Senado que el texto de la LISI no incluirá el artículo 17 bis y que quedará "como estaba previsto inicialmente", informa Europa Press.
El artículo levantó tal polémica en Internet -la AI ha calificado el proceso de "parajudicial"- que el Gobierno se avino a retirarlo, y la LISI fue finalmente aprobada el viernes sin él. Sin embargo, y ante la crítica, a su vez, de las entidades gestoras de derechos, el ministerio aseguró que abriría un proceso de consulta a todos los afectados sobre cómo mejorar el respeto a los derechos de autor en la Red.
No ha tardado una semana en hacerlo. Ayer, los miembros del CATSI recibían la documentación para preparar la reunión que mantendrán el próximo 26 de abril.
En el tercer punto del orden del día, aparece un documento titulado "Anteproyecto de ley sobre procedimiento de notificación de presuntas infracciones de derechos de propiedad intelectual a través de los prestadores de acceso a Internet".
El anteproyecto es, en esencia, el artículo 17 bis. Y va más allá.
Además de permitir que las entidades insten al cierre de web, les da licencia para que hagan lo propio con los "infractores" que usen sistemas P2P de intercambio de archivos, como Emule o Bittorrent. En la notificación se incluirá la dirección IP [el identificador único de un ordenador conectado a Internet], que es un dato de carácter personal protegido por la ley española. El cliente tiene cinco días para responder, y no se aclara si con este sistema se podría denunciar no sólo a las web que contienen enlaces a material protegido sino a los usuarios particulares que hacen uso de esas redes.
La organización hacía público también un dictamen del Consejo de Estado, que criticaba el artículo "tanto por su tramitación como por su contenido". En el 17 bis se legitima a las entidades gestoras de derechos de autor (como SGAE o CEDRO) a obligar a los proveedores de acceso a Internet a bloquear las páginas web que contengan información presuntamente ilícita, tras una notificación a su dueño. Si el acusado no responde en diez días, la web sería cerrada, sin decisión judicial previa. El órgano asesor criticaba que el Gobierno utilizara este sistema de notificación "casi indiscriminado", en lugar de fomentar un código de conducta, y que no hubiera consultado antes a las asociaciones afectadas.
Fuentes del Ministerio aseguraron ayer que se ha enviado este texto al CATSI no porque se quiera aprobar como tal, sino para realizar una reflexión a partir de él. Ayer, precisamente, el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos, "garantizó" en el Senado que el texto de la LISI no incluirá el artículo 17 bis y que quedará "como estaba previsto inicialmente", informa Europa Press.
El artículo levantó tal polémica en Internet -la AI ha calificado el proceso de "parajudicial"- que el Gobierno se avino a retirarlo, y la LISI fue finalmente aprobada el viernes sin él. Sin embargo, y ante la crítica, a su vez, de las entidades gestoras de derechos, el ministerio aseguró que abriría un proceso de consulta a todos los afectados sobre cómo mejorar el respeto a los derechos de autor en la Red.
No ha tardado una semana en hacerlo. Ayer, los miembros del CATSI recibían la documentación para preparar la reunión que mantendrán el próximo 26 de abril.
En el tercer punto del orden del día, aparece un documento titulado "Anteproyecto de ley sobre procedimiento de notificación de presuntas infracciones de derechos de propiedad intelectual a través de los prestadores de acceso a Internet".
El anteproyecto es, en esencia, el artículo 17 bis. Y va más allá.
Además de permitir que las entidades insten al cierre de web, les da licencia para que hagan lo propio con los "infractores" que usen sistemas P2P de intercambio de archivos, como Emule o Bittorrent. En la notificación se incluirá la dirección IP [el identificador único de un ordenador conectado a Internet], que es un dato de carácter personal protegido por la ley española. El cliente tiene cinco días para responder, y no se aclara si con este sistema se podría denunciar no sólo a las web que contienen enlaces a material protegido sino a los usuarios particulares que hacen uso de esas redes.
