Antes de 10 días, Industria anunciará, previsiblemente, la aprobación de este nuevo impuesto, que gravará la compra de todos los equipos, soportes y aparatos de grabación y almacenaje de audio y vídeo.
La medida pretende compensar a los autores por el daño ocasionado con cada copia privada. Hay que proteger los derechos de los creadores, pero es un disparate establecer de manera generalizada un impuesto preventivo, con el que, por ejemplo, cada ciudadano habrá de pagar por los faxes y las impresoras -de uso personal- un canon de casi 20 y 17 euros, respectivamente.
No se pueden equiparar las copias privadas y las comerciales, y, además, esta medida estimulará el mercado pirata.
Reproducido de El Mundo.es
Los autores piden un canon de 16 euros por impresora y 19 por fax
El Gobierno es proclive a aceptar buena parte de la tasa digital que solicitan las entidades de gestión pese al rechazo de los fabricantes
MARIA LUISA ATARÉS / El Mundo.es Las Entidades de Gestión de Derechos de Autor (EG) quieren que los consumidores paguen un canon digital de 16 euros al comprar una impresora y de 19 cuando adquieran un fax por los posibles daños que les está causando la piratería. La tasa podría suponer un incremento de entre el 26% y el 30% en el precio de estos productos dedicados al uso doméstico, cuyo coste medio ronda los 60 euros. Se trata además de dos máquinas cuyos precios van a la baja en la mayoría de los países por la competencia del correo electrónico, pero que aquí se verían incrementados si el Gobierno apoya la propuesta.
Las sociedades de gestión de derechos defienden el canon como fórmula para compensar al autor por la reproducción de sus obras. «No puede defenderse que la reproducción cultural sea libre», según declaró a EL MUNDO el presidente de la Sociedad General de Autores de España (SGAE), Eduardo Bautista. «De ser así, los autores no podrían sobrevivir», añade. Pero en esa defensa han ido demasiado lejos, según fabricantes y usuarios, que no entienden que se incluyan impresoras domésticas y faxes básicos -«prácticamente inútiles para copiar libros u obras de autor»- como sujetos del impuesto. Ninguno de estos aparatos es idóneo para la realización de copias y, por lo tanto, no deberían pagar canon, en opinión de los responsables de la Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones (Asimelec).
«Para copiar un libro en una impresora doméstica previamente tiene que escanearse, y ésta es la causa por la que el escáner se considera sujeto para la compensación equitativa por copia privada», explican en el sector. «Además, la mayoría de las impresoras y faxes tienen destino empresarial y su uso profesional debería mantenerlos exentos del canon», añaden.
El Ejecutivo tiene 10 días para tomar una decisión sobre el canon digital que compensará a los autores del daño de la copia privada y que podría gravar buena parte de los equipos y soportes de audio y vídeo, así como cualquier aparato con capacidad para grabar, copiar y/o almacenar imágenes o sonidos.
En lo que sí coinciden, tanto fabricantes como fuentes próximas a las sociedades de gestión, es en que el Ejecutivo será más sensible con la exigencia de estos últimos.
«Sin autores, sin editores y sin intérpretes no hay contenidos de calidad, y sin ellos las autopistas de la información carecerían de sentido o sólo transmitirían banalidades», afirmaba este jueves en Madrid Trinidad Jiménez, secretaria de Estado para Iberoamérica, en el Primer Foro Iberoamericano sobre Propiedad Intelectual.
A los ministerios de Industria y Cultura apenas le queda tiempo para concretar qué aparatos y consumibles quedarán sujetos a tal impuesto y cuál será su importe. Su dictamen cerrará o aumentará el abismo abierto entre las siete entidades de gestión de derechos de autor y las industrias de los sectores afectados, fundamentalmente las empresas tecnológicas, de electrónica de consumo y de reprografía. A falta de dos semanas para salir de dudas, contrasta la tranquilidad de los autores con la inquietud de los fabricantes, quizá avisados de que el ministro de Industria, Joan Clos, no parece dispuesto a enfrentarse a la intelectualidad española en pleno ambiente de crispación política.
Las negociaciones entre las partes acabaron bruscamente y sin acuerdo a finales de 2006. La moderación de los fabricantes -que piden que el canon no supere la horquilla de entre el 2% y el 4% del precio de venta- contrasta con las demandas económicas de las sociedades de gestión que valoran «el daño por la copia privada en unos 70 millones de euros al año», según Eduardo Bautista. Sin embargo, las industrias aseguran que lo que está demandando la SGAE con sus peticiones no son 70, sino más de 700 millones de euros.
Las irrenunciables razones de unos y otros (ver cuadro) han dejado en el tejado del Ejecutivo esta controvertida decisión que, según Asimelec, la patronal de las empresas españolas de electrónica y comunicaciones, puede lastrar el futuro de este sector y perjudicar la marcha del mercado doméstico -«la mayor parte de los países de la UE no tienen canon», afirma su director general, José Pérez- e incluso fomentar el desarrollo de un mercado negro en el que adquirir los mismos CD, DVD o cámaras digitales a un precio muy inferior al oficial.
El canon no es una práctica nueva. Hasta ahora, como explican en la SGAE, «están sujetos al pago de la remuneración compensatoria por copia privada todos los equipos, aparatos y materiales idóneos para la grabación de obras musicales y/o audiovisuales. Desde un radiocasete, un equipo grabador de CD, un equipo grabador de vídeos, una cinta de casete, un videocasete, un CD-R tanto «audio» como «data», un DVD-audio y un DVD-vídeo. La lista se ha ampliado con la reciente reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) y, si no hay contraorden, incluye los teléfonos móviles, los MP3, las cámaras digitales con tarjeta de memoria e incluso las impresoras y faxes de uso doméstico.
Así, mientras los responsables del Ejecutivo sopesan su decisión, consumidores y fabricantes presionan para que ese canon, que consideran injusto en muchos casos, no sea también excesivo y perjudique al mercado. «Los fabricantes asumimos y acatamos la nueva ley, pero pedimos al Gobierno que sea moderado en su aplicación y que analice el uso real que hacen los ciudadanos de los aparatos objeto del canon antes de fijarlo», insiste José Pérez. Y es que, según un reciente estudio de Sigmados, el 99% de los dueños de cámaras digitales sólo usa sus tarjetas de memoria para guardar sus fotos, por lo que consideran lógico que el porcentaje que se fije para móviles y cámaras digitales sea testimonial.
«También pedimos que eximan del canon a las empresas y organismos públicos que utilizan equipos de ofimática así como CD para archivar su documentación y otros usos profesionales. ¿Es lógico, por ejemplo, que un Ministerio pague canon por los CD que utiliza para guardar su documentación?», añade Jesús Banegas, presidente de la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información (Aetic).
Para los autores sí lo es, ya que, como explica Eduardo Bautista, «se trata de compensar el daño que representa la copia privada para los creadores con una pequeña parte de los beneficios de los fabricantes -el 0,1% de la cifra de negocio de 2006-». Y añade que «no es cierto que el canon tenga que recaer en los consumidores, como no lo es que el cierre de fabricas de CD se deba al canon. Si lo fuera también cerrarían en Francia, donde los mismos fabricantes que aquí protestan allí pagan el canon sin problema».
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La medida pretende compensar a los autores por el daño ocasionado con cada copia privada. Hay que proteger los derechos de los creadores, pero es un disparate establecer de manera generalizada un impuesto preventivo, con el que, por ejemplo, cada ciudadano habrá de pagar por los faxes y las impresoras -de uso personal- un canon de casi 20 y 17 euros, respectivamente.
No se pueden equiparar las copias privadas y las comerciales, y, además, esta medida estimulará el mercado pirata.
Reproducido de El Mundo.es
Los autores piden un canon de 16 euros por impresora y 19 por fax
El Gobierno es proclive a aceptar buena parte de la tasa digital que solicitan las entidades de gestión pese al rechazo de los fabricantes
MARIA LUISA ATARÉS / El Mundo.es Las Entidades de Gestión de Derechos de Autor (EG) quieren que los consumidores paguen un canon digital de 16 euros al comprar una impresora y de 19 cuando adquieran un fax por los posibles daños que les está causando la piratería. La tasa podría suponer un incremento de entre el 26% y el 30% en el precio de estos productos dedicados al uso doméstico, cuyo coste medio ronda los 60 euros. Se trata además de dos máquinas cuyos precios van a la baja en la mayoría de los países por la competencia del correo electrónico, pero que aquí se verían incrementados si el Gobierno apoya la propuesta.
Las sociedades de gestión de derechos defienden el canon como fórmula para compensar al autor por la reproducción de sus obras. «No puede defenderse que la reproducción cultural sea libre», según declaró a EL MUNDO el presidente de la Sociedad General de Autores de España (SGAE), Eduardo Bautista. «De ser así, los autores no podrían sobrevivir», añade. Pero en esa defensa han ido demasiado lejos, según fabricantes y usuarios, que no entienden que se incluyan impresoras domésticas y faxes básicos -«prácticamente inútiles para copiar libros u obras de autor»- como sujetos del impuesto. Ninguno de estos aparatos es idóneo para la realización de copias y, por lo tanto, no deberían pagar canon, en opinión de los responsables de la Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones (Asimelec).
«Para copiar un libro en una impresora doméstica previamente tiene que escanearse, y ésta es la causa por la que el escáner se considera sujeto para la compensación equitativa por copia privada», explican en el sector. «Además, la mayoría de las impresoras y faxes tienen destino empresarial y su uso profesional debería mantenerlos exentos del canon», añaden.
El Ejecutivo tiene 10 días para tomar una decisión sobre el canon digital que compensará a los autores del daño de la copia privada y que podría gravar buena parte de los equipos y soportes de audio y vídeo, así como cualquier aparato con capacidad para grabar, copiar y/o almacenar imágenes o sonidos.
En lo que sí coinciden, tanto fabricantes como fuentes próximas a las sociedades de gestión, es en que el Ejecutivo será más sensible con la exigencia de estos últimos.
«Sin autores, sin editores y sin intérpretes no hay contenidos de calidad, y sin ellos las autopistas de la información carecerían de sentido o sólo transmitirían banalidades», afirmaba este jueves en Madrid Trinidad Jiménez, secretaria de Estado para Iberoamérica, en el Primer Foro Iberoamericano sobre Propiedad Intelectual.
A los ministerios de Industria y Cultura apenas le queda tiempo para concretar qué aparatos y consumibles quedarán sujetos a tal impuesto y cuál será su importe. Su dictamen cerrará o aumentará el abismo abierto entre las siete entidades de gestión de derechos de autor y las industrias de los sectores afectados, fundamentalmente las empresas tecnológicas, de electrónica de consumo y de reprografía. A falta de dos semanas para salir de dudas, contrasta la tranquilidad de los autores con la inquietud de los fabricantes, quizá avisados de que el ministro de Industria, Joan Clos, no parece dispuesto a enfrentarse a la intelectualidad española en pleno ambiente de crispación política.
Las negociaciones entre las partes acabaron bruscamente y sin acuerdo a finales de 2006. La moderación de los fabricantes -que piden que el canon no supere la horquilla de entre el 2% y el 4% del precio de venta- contrasta con las demandas económicas de las sociedades de gestión que valoran «el daño por la copia privada en unos 70 millones de euros al año», según Eduardo Bautista. Sin embargo, las industrias aseguran que lo que está demandando la SGAE con sus peticiones no son 70, sino más de 700 millones de euros.
Las irrenunciables razones de unos y otros (ver cuadro) han dejado en el tejado del Ejecutivo esta controvertida decisión que, según Asimelec, la patronal de las empresas españolas de electrónica y comunicaciones, puede lastrar el futuro de este sector y perjudicar la marcha del mercado doméstico -«la mayor parte de los países de la UE no tienen canon», afirma su director general, José Pérez- e incluso fomentar el desarrollo de un mercado negro en el que adquirir los mismos CD, DVD o cámaras digitales a un precio muy inferior al oficial.
El canon no es una práctica nueva. Hasta ahora, como explican en la SGAE, «están sujetos al pago de la remuneración compensatoria por copia privada todos los equipos, aparatos y materiales idóneos para la grabación de obras musicales y/o audiovisuales. Desde un radiocasete, un equipo grabador de CD, un equipo grabador de vídeos, una cinta de casete, un videocasete, un CD-R tanto «audio» como «data», un DVD-audio y un DVD-vídeo. La lista se ha ampliado con la reciente reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) y, si no hay contraorden, incluye los teléfonos móviles, los MP3, las cámaras digitales con tarjeta de memoria e incluso las impresoras y faxes de uso doméstico.
Así, mientras los responsables del Ejecutivo sopesan su decisión, consumidores y fabricantes presionan para que ese canon, que consideran injusto en muchos casos, no sea también excesivo y perjudique al mercado. «Los fabricantes asumimos y acatamos la nueva ley, pero pedimos al Gobierno que sea moderado en su aplicación y que analice el uso real que hacen los ciudadanos de los aparatos objeto del canon antes de fijarlo», insiste José Pérez. Y es que, según un reciente estudio de Sigmados, el 99% de los dueños de cámaras digitales sólo usa sus tarjetas de memoria para guardar sus fotos, por lo que consideran lógico que el porcentaje que se fije para móviles y cámaras digitales sea testimonial.
«También pedimos que eximan del canon a las empresas y organismos públicos que utilizan equipos de ofimática así como CD para archivar su documentación y otros usos profesionales. ¿Es lógico, por ejemplo, que un Ministerio pague canon por los CD que utiliza para guardar su documentación?», añade Jesús Banegas, presidente de la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información (Aetic).
Para los autores sí lo es, ya que, como explica Eduardo Bautista, «se trata de compensar el daño que representa la copia privada para los creadores con una pequeña parte de los beneficios de los fabricantes -el 0,1% de la cifra de negocio de 2006-». Y añade que «no es cierto que el canon tenga que recaer en los consumidores, como no lo es que el cierre de fabricas de CD se deba al canon. Si lo fuera también cerrarían en Francia, donde los mismos fabricantes que aquí protestan allí pagan el canon sin problema».
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