EXPANSION (editorial)- La industria entiende que el potencial daño económico a los autores no es superior a los once millones, una brecha insalvable frente a los 1.200 millones que reclaman las sociedades de autores.
No es de extrañar que desde posiciones tan distantes haya sido imposible alcanzar un acuerdo para determinar el canon a aplicar a cada equipo, material o soporte susceptible de gravar o reproducir contenidos. Serán, pues, los ministerios de Cultura y de Industria quienes diriman el asunto.
Pero independientemente de la decisión que adopten, aun en el supuesto poco probable de que se alinearan con las tesis de la industria, no debería eludirse el debate sobre la desprotección en que la nueva ley deja al consumidor, quien en última instancia será el gran pagano de esta anacrónica e irracional forma de contentar a los gestores de los derechos de autor por unos supuestos daños difícilmente cuantificables.
El canon indiscriminado a todos los consumidores, independientemente del uso que hagan, es injusto, y ni siquiera es una garantía para combatir el problema de fondo, cuya resolución requeriría de otros procedimientos que desde una lógica industrial no penalizasen los costes empresariales.
El asunto es inquietante, pues el canon podría no detenerse aquí, en tanto que ya se plantea su extensión al ADSL. Se trata de una vieja reivindicación que ya en su día logró frenar el Ministerio de Industria, frente a la actitud receptiva de Cultura. De consumarse, es obvio que las operadoras de ADSL repercutirían el recargo en los consumidores, un sinsentido en un país que no se distingue precisamente por una gran penetración de la banda ancha y en el que los sucesivos gobiernos tratan de incentivar el desarrollo de una sociedad de la información todavía incipiente.
Al igual que el oficio de aguador inmortalizado por Velázquez fue desapareciendo a medida que se instalaba el agua corriente, y sin que nadie impusiera un canon al uso del grifo, el negocio del agua se readaptó con éxito a la modernidad el agua mineral embotellada es un ejemplo, hay que asumir que el desarrollo de la tecnología ha superado los usos tradicionales en la actividad audiovisual, que debe adaptarse a la nueva realidad de forma imaginativa, en vez de refugiarse en una anacrónica protección del Estado.
No es de extrañar que desde posiciones tan distantes haya sido imposible alcanzar un acuerdo para determinar el canon a aplicar a cada equipo, material o soporte susceptible de gravar o reproducir contenidos. Serán, pues, los ministerios de Cultura y de Industria quienes diriman el asunto.
Pero independientemente de la decisión que adopten, aun en el supuesto poco probable de que se alinearan con las tesis de la industria, no debería eludirse el debate sobre la desprotección en que la nueva ley deja al consumidor, quien en última instancia será el gran pagano de esta anacrónica e irracional forma de contentar a los gestores de los derechos de autor por unos supuestos daños difícilmente cuantificables.
El canon indiscriminado a todos los consumidores, independientemente del uso que hagan, es injusto, y ni siquiera es una garantía para combatir el problema de fondo, cuya resolución requeriría de otros procedimientos que desde una lógica industrial no penalizasen los costes empresariales.
El asunto es inquietante, pues el canon podría no detenerse aquí, en tanto que ya se plantea su extensión al ADSL. Se trata de una vieja reivindicación que ya en su día logró frenar el Ministerio de Industria, frente a la actitud receptiva de Cultura. De consumarse, es obvio que las operadoras de ADSL repercutirían el recargo en los consumidores, un sinsentido en un país que no se distingue precisamente por una gran penetración de la banda ancha y en el que los sucesivos gobiernos tratan de incentivar el desarrollo de una sociedad de la información todavía incipiente.
Al igual que el oficio de aguador inmortalizado por Velázquez fue desapareciendo a medida que se instalaba el agua corriente, y sin que nadie impusiera un canon al uso del grifo, el negocio del agua se readaptó con éxito a la modernidad el agua mineral embotellada es un ejemplo, hay que asumir que el desarrollo de la tecnología ha superado los usos tradicionales en la actividad audiovisual, que debe adaptarse a la nueva realidad de forma imaginativa, en vez de refugiarse en una anacrónica protección del Estado.
