ESTHE ALVARADO - EL MUNDO - El problema que subyace entre tanto desbarajuste es que, según la Asociación de Internautas, en el anteproyecto de ley que ha redactado el Gabinete del ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos, se "insinúa que tanto un órgano administrativo como un órgano judicial podrían tener competencias para ordenar que se interrumpa la prestación de un servicio de la sociedad de la información o la retirada de determinados contenidos". De ser así, el artículo 11 de este anteproyecto sería anticonstitucional, ya que el punto 5 del artículo 20 de la Constitución española, referente a la libertad de expresión, determina que "sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial".
No obstante, el polémico artículo 11 de esta reforma legal continúa, y añade en el punto 3 que "en todos los casos (...) sólo la autoridad judicial competente podrá adoptar las medidas previstas en este artículo".
¿Error de redacción del legislador o exceso de celo del internauta?... El caso es que la polémica está servida. La Comisión de Libertades e Informática (CLI) se adhirió ayer a las alegaciones presentadas por la Asociación de Internautas..
Su presidente, Antonio Farriols, explicó a EL MUNDO que lo que les preocupa es "la redacción confusa que autoriza a las administraciones a censurar sites". "Si esto no se corrige a lo largo del trámite parlamentario, nos tendremos que dirigir al Defensor del Pueblo para que eleve un recurso de inconstitucionalidad ", aseguró. Farriols expresó, no obstante, su esperanza de que el Gobierno subsane "este error cuanto antes".
"Asalto a las libertades"
Según el presidente de la CLI, el polémico artículo 11 de la Ley de Impulso de la Sociedad de la Información "forma parte de un paquete de medidas, algunas de ellas europeas (como la retención de datos...) que suponen un asalto a las libertades individuales, y ahí hay que estar vigilantes, porque para luchar contra el terrorismo y la criminalidad las armas ya están tipificadas ". "No se pueden convertir las leyes en un conjunto de excepciones ", prosiguió.
Igualmente, otros expertos como los abogados del Bufete Almeida o el conocido blogger Enrique Dans alertan sobre el contenido del anteproyecto de ley. Éste último dice textualmente en su página web que el anteproyecto "es, sin lugar a dudas, uno de los ataques más duros a la libertad de expresión que un Gobierno de este país habrá cometido nunca, al mismo nivel de medidas tan tristemente famosas como la Ley Corcuera".
Las alarmas saltaron hace ya unas semanas cuando la Asociación de Usuarios de Internet advertía de que los redactores del texto habían desoído las indicaciones que aconsejaban que la decisión de cerrar una web sólo puedan tomarlas los jueces y no los órganos administrativos competentes.
No obstante, el polémico artículo 11 de esta reforma legal continúa, y añade en el punto 3 que "en todos los casos (...) sólo la autoridad judicial competente podrá adoptar las medidas previstas en este artículo".
¿Error de redacción del legislador o exceso de celo del internauta?... El caso es que la polémica está servida. La Comisión de Libertades e Informática (CLI) se adhirió ayer a las alegaciones presentadas por la Asociación de Internautas..
Su presidente, Antonio Farriols, explicó a EL MUNDO que lo que les preocupa es "la redacción confusa que autoriza a las administraciones a censurar sites". "Si esto no se corrige a lo largo del trámite parlamentario, nos tendremos que dirigir al Defensor del Pueblo para que eleve un recurso de inconstitucionalidad ", aseguró. Farriols expresó, no obstante, su esperanza de que el Gobierno subsane "este error cuanto antes".
"Asalto a las libertades"
Según el presidente de la CLI, el polémico artículo 11 de la Ley de Impulso de la Sociedad de la Información "forma parte de un paquete de medidas, algunas de ellas europeas (como la retención de datos...) que suponen un asalto a las libertades individuales, y ahí hay que estar vigilantes, porque para luchar contra el terrorismo y la criminalidad las armas ya están tipificadas ". "No se pueden convertir las leyes en un conjunto de excepciones ", prosiguió.
Igualmente, otros expertos como los abogados del Bufete Almeida o el conocido blogger Enrique Dans alertan sobre el contenido del anteproyecto de ley. Éste último dice textualmente en su página web que el anteproyecto "es, sin lugar a dudas, uno de los ataques más duros a la libertad de expresión que un Gobierno de este país habrá cometido nunca, al mismo nivel de medidas tan tristemente famosas como la Ley Corcuera".
Las alarmas saltaron hace ya unas semanas cuando la Asociación de Usuarios de Internet advertía de que los redactores del texto habían desoído las indicaciones que aconsejaban que la decisión de cerrar una web sólo puedan tomarlas los jueces y no los órganos administrativos competentes.
