Xavier Gil Pecharromán en CapitalMadrid.info . Sin entrar en la filosofía de fondo, que mantiene enfrentados a diversos sectores ricos en inversión en I+D y a usuarios y consumidores, basta con centrarse en dos temas para hacerse una idea del nivel que ha alcanzado el proyecto, que en un principio era simple y llanamente la adaptación de una normativa europea.
Por un lado, ha desaparecido el artículo que regulaba el derecho de cita, uno de los aspectos con mayor presión de los "lobbys" representantes de los grandes diarios. De una parte, y de las empresas de "clipping". La cita queda sujeta al consentimiento del autor, que en caso de que no se oponga expresamente, tendrá derecho a percibir una remuneración equitativa, pero que en el caso de los medios de comunicación tendrán que mostrar la propiedad de los derechos realizados por los colaboradores, pero, además, se ha perdido la regulación de las empresas de "clipping", con lo que difícilmente se podrá regular el mercado.
La otra aberración legal se da con el llamado "canon digital". Se quiere extender, por parte de la SGAE, la asociación sin ánimo de lucro que administra los derechos de autor, este pago sobre una presunción de uso de la música a teléfonos móviles, líneas de ADSL, aparatos de MP3 y todos aquellos aparatos electrónicos capaces de grabar o emitir sonido.
Un mes después de que la plataforma 'todoscontraelcanon' presentara más de 100.000 firmas en el Senado en contra de la ley que apruebe el canon sobre los soportes digitales, sus representantes han ido al Congreso y han presentado otras 243.639 firmas contra el canon.
De esta forma la ley va a suponer que quien compre un teléfono se va a dedicar a bajarse música de la red o a cantarle canciones a los amigos o clientes. Y las empresas de este país van a dedicar sus ordenadores, agendas electrónicas o 'ipods' a coleccionar música, en lugar de a trabajar.
La Sociedad General de Autores y Editores ha vuelto a reclamar un canon a los proveedores de Internet, porque, son los responsables de que hayan recaudado 100.000 euros menos que el año pasado. Hacienda y la Seguridad Social están perdiendo el tiempo, puesto que cuando una persona nace habría que cobrarle un canon, porque es de suponer que utilizará servicios públicos, como por ejemplo la sección de grandes quemados de los hospitales o pueden utilizar servicios que por los resortes de la defraudación no lleguen a pagar.
¿Qué diferencia hay entre un canon por una presunción de uso de un servicio musical o el cobro de un servicio como el de "grandes quemados"? Si Hacienda cobrase los impuestos por presunción, no tendríamos que gastar tanto como gastamos los españoles en una Agencia Tributaria, que es una de las grandes envidias de la mayoría de los países del mundo.
Por un lado, ha desaparecido el artículo que regulaba el derecho de cita, uno de los aspectos con mayor presión de los "lobbys" representantes de los grandes diarios. De una parte, y de las empresas de "clipping". La cita queda sujeta al consentimiento del autor, que en caso de que no se oponga expresamente, tendrá derecho a percibir una remuneración equitativa, pero que en el caso de los medios de comunicación tendrán que mostrar la propiedad de los derechos realizados por los colaboradores, pero, además, se ha perdido la regulación de las empresas de "clipping", con lo que difícilmente se podrá regular el mercado.
La otra aberración legal se da con el llamado "canon digital". Se quiere extender, por parte de la SGAE, la asociación sin ánimo de lucro que administra los derechos de autor, este pago sobre una presunción de uso de la música a teléfonos móviles, líneas de ADSL, aparatos de MP3 y todos aquellos aparatos electrónicos capaces de grabar o emitir sonido.
Un mes después de que la plataforma 'todoscontraelcanon' presentara más de 100.000 firmas en el Senado en contra de la ley que apruebe el canon sobre los soportes digitales, sus representantes han ido al Congreso y han presentado otras 243.639 firmas contra el canon.
De esta forma la ley va a suponer que quien compre un teléfono se va a dedicar a bajarse música de la red o a cantarle canciones a los amigos o clientes. Y las empresas de este país van a dedicar sus ordenadores, agendas electrónicas o 'ipods' a coleccionar música, en lugar de a trabajar.
La Sociedad General de Autores y Editores ha vuelto a reclamar un canon a los proveedores de Internet, porque, son los responsables de que hayan recaudado 100.000 euros menos que el año pasado. Hacienda y la Seguridad Social están perdiendo el tiempo, puesto que cuando una persona nace habría que cobrarle un canon, porque es de suponer que utilizará servicios públicos, como por ejemplo la sección de grandes quemados de los hospitales o pueden utilizar servicios que por los resortes de la defraudación no lleguen a pagar.
¿Qué diferencia hay entre un canon por una presunción de uso de un servicio musical o el cobro de un servicio como el de "grandes quemados"? Si Hacienda cobrase los impuestos por presunción, no tendríamos que gastar tanto como gastamos los españoles en una Agencia Tributaria, que es una de las grandes envidias de la mayoría de los países del mundo.
