ADRIANO MORÁN Informativos T5 8 de abril de 2006 ¿Toque de efecto contra las redes P2P? ¿Es delito intercambiar cultura? ¿Y ofrecer lo medios para hacerlo? En primer lugar, todos los expertos con los que ha hablado Informativos Telecinco coinciden en que se están confundiendo conceptos y alarmando inútilmente a la sociedad.
Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, considera desafortunada la nota policial porque da por sentado que la descarga de contenidos es ilegal cuando, por el momento, según Domingo, no lo es. Acudiendo al artículo 17 de la LSSI leemos lo siguiente: "Los prestadores de servicios de la sociedad de la información que faciliten enlaces a otros contenidos o incluyan en los suyos directorios o instrumentos de búsqueda de contenidos no serán responsables por la información a la que dirijan a los destinatarios de sus servicios".
Domingo insiste en que "ofrecer enlaces no es ilegal", aunque conduzcan a contenidos que sí lo son. El responsable sería el autor de los mismos, no el intermediario. De lo contrario, continúa, "Google tendría que estar haciendo las maletas" ya que ofrece millones de enlaces a lugares y contenidos "ilegales".
Además, Domingo opina que este es un debate jurídico, no policial. Es el juez el que debe decidir si estos señores van a la cárcel por tanto acusa a la Policía, a través de notas de prensa como estas, de emitir juicios de valor y 2alarmar innecesariamente".
David Bravo, abogado experto en temas de internet recurre también a la LSSI para reiterar que no es ilegal ofrecer enlaces a contenidos y considera que la información es, todavía, demasiado confusa para emitir un juicio bien fundado.
Las asociaciones de gestión de derechos de la propiedad felicitan a la Policía
Por supuesto, los representantes de los autores y editores no opinan lo mismo: "Nuestro país era el único en el que no se había producido todavía un operación de estas características, a pesar de que en España el fenómeno de la piratería está generando importantísimas pérdidas", declaró Pedro Farré, quien recordó que este tipo de operaciones son habituales en Francia, Estados Unidos, Japón, Noruega, y otros países.
El director de Relaciones Corporativas de la SGAE felicitó a la policía por esta acción y deseó que la misma "sirva para concienciar a la gente de la necesidad de preservar los derechos de autor y de que la piratería es un delito perseguido de oficio".
Farré recordó las tres medidas que defiende la Sociedad General de Autores y que contemplan la sensibilización de la opinión pública "para que tenga presente que sin derechos de autor no hay contenidos"; la necesidad de "dotar a los cuerpos y fuerzas de seguridad, así como a los jueces, de mayores medios para poder perseguir penalmente estos hechos delictivos", y, finalmente, la reforma de las normas legales para que quede más claro que estas prácticas constituyen un fenómeno ilícito, un acto delictivo.
En términos similares se expresó José Manuel Tourné, para quien esta operación es fundamental para asimilar lo que está ocurriendo en el resto del mundo. "Es un paso muy importante que refleja la voluntad del Gobierno de combatir la piratería en todos sus frentes, ya que es la única manera de crear una sociedad de información útil para todos".
El director general de FRAP destacó que la industria intelectual española está en una posición "crítica" por culpa de la piratería, al provocar pérdidas en el sector por valor de 1.000 millones de euros anuales, con una caída de un 32% del negocio de la música, un 27% en el del vídeo y el cierre de más de 600 establecimientos de vídeos club. "Estas cifras reflejan la situación gravísima que vive un sector que genera muchos empleos".
Pese a ello, la SGAE ha batido su propio récord de ingresos en 2005, con 20 millones más que en 2004, año en el que también creción un 11,9%.
Según datos facilitados por Manuel de Benito, jefe de la Oficina de Defensa de la Propiedad Intelectual de la SGAE, el volumen de descargas en Internet ascendió en el año 2005 a 552.707.000, de las que 13.577.000 se hicieron por sistemas de pago, y 3.111.000 fueron descargas de radio de pago (el llamado "streaming").
Los datos, elaborados por el Centro de Investigación del Mercado del Entretenimiento y la Cultura, muestran que hubo otras 17.226.000 descargas "streaming" sin pago y 9.834.000 descargas "sin determinar". El resto, 508.915.000, fueron descargas de archivos "peer-to-peer".
Aunque Victor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas opina que estos datos "son absolutamente estrambóticos y no responden a la realidad". Afirma que, para medirlos, sería necesario vulnerar el derecho a la privacidad de los usuarios y observar los movimientos de todos y cada uno de ellos.
Los internautas acusan a la policía de crear "alarma social" y recuerdan que intercambiar archivos "no es un delito"
TODOS CONTRA EL CANON
Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, considera desafortunada la nota policial porque da por sentado que la descarga de contenidos es ilegal cuando, por el momento, según Domingo, no lo es. Acudiendo al artículo 17 de la LSSI leemos lo siguiente: "Los prestadores de servicios de la sociedad de la información que faciliten enlaces a otros contenidos o incluyan en los suyos directorios o instrumentos de búsqueda de contenidos no serán responsables por la información a la que dirijan a los destinatarios de sus servicios".
Domingo insiste en que "ofrecer enlaces no es ilegal", aunque conduzcan a contenidos que sí lo son. El responsable sería el autor de los mismos, no el intermediario. De lo contrario, continúa, "Google tendría que estar haciendo las maletas" ya que ofrece millones de enlaces a lugares y contenidos "ilegales".
Además, Domingo opina que este es un debate jurídico, no policial. Es el juez el que debe decidir si estos señores van a la cárcel por tanto acusa a la Policía, a través de notas de prensa como estas, de emitir juicios de valor y 2alarmar innecesariamente".
David Bravo, abogado experto en temas de internet recurre también a la LSSI para reiterar que no es ilegal ofrecer enlaces a contenidos y considera que la información es, todavía, demasiado confusa para emitir un juicio bien fundado.
Las asociaciones de gestión de derechos de la propiedad felicitan a la Policía
Por supuesto, los representantes de los autores y editores no opinan lo mismo: "Nuestro país era el único en el que no se había producido todavía un operación de estas características, a pesar de que en España el fenómeno de la piratería está generando importantísimas pérdidas", declaró Pedro Farré, quien recordó que este tipo de operaciones son habituales en Francia, Estados Unidos, Japón, Noruega, y otros países.
El director de Relaciones Corporativas de la SGAE felicitó a la policía por esta acción y deseó que la misma "sirva para concienciar a la gente de la necesidad de preservar los derechos de autor y de que la piratería es un delito perseguido de oficio".
Farré recordó las tres medidas que defiende la Sociedad General de Autores y que contemplan la sensibilización de la opinión pública "para que tenga presente que sin derechos de autor no hay contenidos"; la necesidad de "dotar a los cuerpos y fuerzas de seguridad, así como a los jueces, de mayores medios para poder perseguir penalmente estos hechos delictivos", y, finalmente, la reforma de las normas legales para que quede más claro que estas prácticas constituyen un fenómeno ilícito, un acto delictivo.
En términos similares se expresó José Manuel Tourné, para quien esta operación es fundamental para asimilar lo que está ocurriendo en el resto del mundo. "Es un paso muy importante que refleja la voluntad del Gobierno de combatir la piratería en todos sus frentes, ya que es la única manera de crear una sociedad de información útil para todos".
El director general de FRAP destacó que la industria intelectual española está en una posición "crítica" por culpa de la piratería, al provocar pérdidas en el sector por valor de 1.000 millones de euros anuales, con una caída de un 32% del negocio de la música, un 27% en el del vídeo y el cierre de más de 600 establecimientos de vídeos club. "Estas cifras reflejan la situación gravísima que vive un sector que genera muchos empleos".
Pese a ello, la SGAE ha batido su propio récord de ingresos en 2005, con 20 millones más que en 2004, año en el que también creción un 11,9%.
Según datos facilitados por Manuel de Benito, jefe de la Oficina de Defensa de la Propiedad Intelectual de la SGAE, el volumen de descargas en Internet ascendió en el año 2005 a 552.707.000, de las que 13.577.000 se hicieron por sistemas de pago, y 3.111.000 fueron descargas de radio de pago (el llamado "streaming").
Los datos, elaborados por el Centro de Investigación del Mercado del Entretenimiento y la Cultura, muestran que hubo otras 17.226.000 descargas "streaming" sin pago y 9.834.000 descargas "sin determinar". El resto, 508.915.000, fueron descargas de archivos "peer-to-peer".
Aunque Victor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas opina que estos datos "son absolutamente estrambóticos y no responden a la realidad". Afirma que, para medirlos, sería necesario vulnerar el derecho a la privacidad de los usuarios y observar los movimientos de todos y cada uno de ellos.
Los internautas acusan a la policía de crear "alarma social" y recuerdan que intercambiar archivos "no es un delito"
TODOS CONTRA EL CANON
