Eduardo Olier - Negocios.com Con dos abstenciones y ningún voto en contra, la Comisión de Cultura del Congreso aprobó a primeros de mes la reforma del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI).
Una vuelta de tuerca en contra de los consumidores, que con esta nueva Ley han de asumir el pago de un canon obligatorio por las copias que realicen en soporte digital de un original para estricto uso privado. Sorprende aún más que la decisión se haya tomado con el acuerdo de todos los grupos políticos, incluso de aquellos que aparecen como adalides de la libertad de las personas.
Se dirá que el canon compensatorio es un mecanismo de protección ante la piratería, ya que permite compensar a los autores de las pérdidas por ella producidas. Sin embargo, no resulta de ningún modo razonable que los usuarios tengan que soportar el coste tanto por reproducir una obra como por no hacerlo, pues el canon obliga a pagar por cualquier uso que se haga del soporte digital.
Olvidando el necesario principio de proporcionalidad, el esquema recaudatorio convierte en deudor a todo aquel que utiliza un soporte digital, independientemente de como sea el uso que haga del mismo. Lo que lleva a remunerar a los autores tanto si se reproduce su obra como si no.
Si la sociedad de la información es algo abierto y sin fronteras, todo ese interés en controlar lo que privadamente se haga va en contra de los propios consumidores que son, en último término, los que dan razón de ser a los autores y no al revés.
Además, se concilia mal con la propia Constitución y, en especial, su artículo 51, donde se indica que los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses de los mismos. Y, también, que los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los términos que la ley establezca.
Hace bien la Asociación de Internautas en levantar su voz ante estos hechos que no dejan de ir en la dirección contraria del beneficio del consumidor, aunque protejan los intereses de los grupos organizados como son en este caso el de los autores. Un paso más en contra de la democracia de las personas.
Una vuelta de tuerca en contra de los consumidores, que con esta nueva Ley han de asumir el pago de un canon obligatorio por las copias que realicen en soporte digital de un original para estricto uso privado. Sorprende aún más que la decisión se haya tomado con el acuerdo de todos los grupos políticos, incluso de aquellos que aparecen como adalides de la libertad de las personas.
Se dirá que el canon compensatorio es un mecanismo de protección ante la piratería, ya que permite compensar a los autores de las pérdidas por ella producidas. Sin embargo, no resulta de ningún modo razonable que los usuarios tengan que soportar el coste tanto por reproducir una obra como por no hacerlo, pues el canon obliga a pagar por cualquier uso que se haga del soporte digital.
Olvidando el necesario principio de proporcionalidad, el esquema recaudatorio convierte en deudor a todo aquel que utiliza un soporte digital, independientemente de como sea el uso que haga del mismo. Lo que lleva a remunerar a los autores tanto si se reproduce su obra como si no.
Si la sociedad de la información es algo abierto y sin fronteras, todo ese interés en controlar lo que privadamente se haga va en contra de los propios consumidores que son, en último término, los que dan razón de ser a los autores y no al revés.
Además, se concilia mal con la propia Constitución y, en especial, su artículo 51, donde se indica que los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses de los mismos. Y, también, que los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los términos que la ley establezca.
Hace bien la Asociación de Internautas en levantar su voz ante estos hechos que no dejan de ir en la dirección contraria del beneficio del consumidor, aunque protejan los intereses de los grupos organizados como son en este caso el de los autores. Un paso más en contra de la democracia de las personas.
