Asunto: Comparecencia en el Senado.
Antecedentes:
El 15 de febrero de 2004 el Consejo de Ministros presidido por José María Aznar anunció la puesta en marcha del Documento Nacional de Identidad Electrónico (en adelante DNIE) en la que el desaparecido Ministerio de Ciencia y Tecnología comprometió una inversión de 12,8 millones de euros entre 2004 y 2005.
Según pudimos conocer con este anuncio, el DNIE, permitirá a usuarios, a empresas de comercio electrónico y a la Administración, relacionarse por Internet con seguridad y fiabilidad, será del mismo tamaño y color que el DNI actual, su material se asemejará al de una tarjeta de crédito e incluirá un chip que permitirá identificarse a través de la Red.
Además, permitirá realizar numerosos trámites administrativos, como transacciones bancarias, o acceder a servicios públicos como la Seguridad Social desde Internet.
El proyecto contemplaba que estos documentos se empezaran a extender en pruebas este año, y que los seis millones de DNI que se renueven en 2007, año en el que se completaría la iniciativa, ya sean todos digitales. Se invertirían cerca de 150 millones de euros para que los españoles puedan tener un DNIE seguro, cómodo y fácil de tramitar.
Esta iniciativa unilateral del Gobierno Aznar, obtuvo una replica inmediata desde distintos sectores: Félix Lavilla, Senador por el Partido Socialista, calificó de "cacicada" la manera de poner en marcha el DNI electrónico. Durante un encuentro en Madrid, Lavilla y otros representantes de la oposición expresaron su rechazo a la aprobación, al considerar que ésta debería haberse producido mediante consenso, no por decreto, tras el debate adecuado en el Parlamento.
Uno de los más críticos fue Rafael Fernández Calvo, asesor en Tecnologías de la Información y la Comunicación de Izquierda Unida, quien anunció que su partido recurriría al Tribunal Constitucional.
La Comisión de Libertades Informáticas (CLI) y la Asociación de Internautas también criticaron una "imposición" sin debate previo del DNIE.
La ANEI (Asociación Nacional de Empresas de Internet), por su parte, considera positiva la implantación del DNIE, ya que, a su juicio, favorecerá el comercio electrónico "al incrementar la seguridad y la confianza" en las transacciones 'on line'.
Dos años después todo sigue igual:
El pasado mes julio, pocos días después de la firma de un Convenio Interministerial entre Interior e Industria, Comercio y Turismo, conocimos por los medios de comunicación que la Dirección General de Patrimonio del Estado ha adjudicado a la Unión Temporal de Empresas formada por Telefónica, Indra, y Software AG la definición y el desarrollo del Documento Nacional de Identidad Electrónico Español, por un importe de casi doce millones de euros.
Uno de los términos técnicos que más preocupan a la CLI es el de la incorporación en el DNI electrónico, según informaciones de agencias, de un chip electrónico que contendrá datos biométricos sin definir, además de certificados digitales de identidad digital, con el fin de permitir la identificación exacta del titular así como el desarrollo de servicios avanzados de Administración Electrónica
Otra característica que preocupa a la CLI, es la expedición inmediata del documento, según indican los medios de prensa, a través de los 350 centros de emisión que se repartirán por todo el territorio nacional y que estarán equipados con sistemas de captura que permitan tramitar la solicitud, la firma del ciudadano, la huella dactilar y su fotografía, previo cotejo de la misma con una base de datos central, que autoriza la emisión del documento
Además, no se descarta que el chip del documento incluya el carné de conducir por puntos, según dijo ayer en Francia el ministro español del Interior, José Antonio Alonso.
Siempre a través de medios de comunicación pero nunca mediante información directa de la propia Comisión Coordinadora o del Gobierno, la CLI ha podido conocer todos estos detalles que añaden, a juicio de ésta entidad, la necesidad de traslado a debate social de la pertinencia o no de la información, inicial y posterior, que contendrá nuestro futuro documento de identificación así como de las garantías de protección y medidas de seguridad que los adjudicatarios aplicarán a los datos de carácter personal que se incluyan en el mismo.
El senador de ICV Jordi Guillot, perteneciente al Grupo Entensa Catalana del Progres y Presidente de la Comisión de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, advertido de ésta situación en reunión que representantes de la CLI mantuvieron con él el 29 de junio de 2005, ha solicitado la comparecencia ante la citada Comisión del Senado, de la Presidenta de la Comisión Coordinadora del DNI Electrónico y Vicepresidenta del Gobierno Mª Teresa Fernández de la Vega, a Antoni Farriols en calidad de presidente de la Comisión de Libertades e Informática, al Ministro del Interior José Antonio Alonso y al Director de la Agencia Española de Protección de Datos José Luís Piñar para, en unos casos, informar y, en otros, emitir opinión sobre este tema.
La CLI también solicitó el pasado mes de Junio una entrevista con Mª Teresa Fernández de la Vega, con el fin de aclarar la falta de transparencia que se está detectando con todo este proyecto; solicitud que no ha obtenido respuesta hasta el momento de la redacción de éste comunicado.
La CLI quiere por último trasladar su inquietud acerca de las informaciones inconexas trasladadas a la opinión pública siempre a través de agencias de comunicación, que parecen no dejar muy claros los usos y finalidades que los diferentes entes relacionados en el proyecto pretenden dotar a éste documento.
En este sentido La CLI comparece mañana en el Senado para dinamizar el debate social alrededor de todo el proyecto de DNIE, solicitando el apoyo institucional para que las organizaciones sociales que componen la CLI y otras, puedan todavía participar de forma activa en la discusión del proyecto previamente a su puesta marcha.
Algunas de los aspectos que vamos a destacar y que más nos preocupan son:
· - Nivel de obligatoriedad del DNIE.
· - Ausencia de un verdadero contrapoder frente a la iniciativa del DNIE. Decimos eso porque detectamos dificultades por parte de la Agencia Española de Protección de Datos para controlar o, simplemente, seguir, el proceso de puesta en marcha de esta herramienta. Eso ya lo hemos denunciado públicamente pues, hasta el momento, la AEPD no está desempeñando su papel en el grado que consideramos le correspondería en este proyecto a diferencia de otras autoridades de control de datos en otros países europeos.
· - Seguridad, compatibilidad y standarización del software. Igualmente nos preocupa la accesibilidad.
· - Principio de Finalidad. Después de oír apresuradas declaraciones de responsables ministeriales de los sucesivos Gobiernos respecto a que el DNIE podría contener diferentes datos referidos a la tarjeta sanitaria y al carné de conducir, la
CLI quiere manifestar de nuevo su postura ante este importante aspecto de los contenidos del futuro documento: El DNIE debiera ser un documento oficial que se crea con el objetivo exclusivo de autenticar la identidad de su titular. No debería incluir más datos de los necesarios para la identificación (huella digital y foto).
· - Ley Específica. Ya hemos comentado en otras ocasiones la necesidad de que, al estar afectados en este proyecto de desarrollo del DNIE, derechos fundamentales del individuo, es indispensable una Ley Orgánica. No se puede despachar el asunto con dos artículos introducidos con prisas y mal, en la ley de firma electrónica de 2003 y complementar esta situación, simplemente con un acuerdo interministerial. Nos parece inconcebible además de claramente insuficiente.
La Comisión de Libertades e Informática, considerando que sigue existiendo una brecha digital entre tecnologías emergentes y sociedad, solicita que se consensúe la puesta en marcha de esta nueva herramienta y se abra el necesario debate social en el que se recoja la opinión de la sociedad civil y, al formar parte de ella, de las organizaciones miembros de la CLI para que puedan ejercer su derecho a exponer sus inquietudes.
Asunto: Denuncia ante la Fiscalía por una posible vulneración de la LOPD y del Código Penal por hechos relacionados con un presunto mal uso de los datos personales de miles de DNI.
Antecedentes:
El diario "El Mundo" publicó el pasado día 7 de noviembre de 2005 la noticia de que los miembros de Asuntos Internos de la Policía recibieron una denuncia sobre un presunto mal uso de los datos personales de más de 25.000 titulares de DNI, bajo sospecha de estar siendo cedidos o incluso vendidos para ser utilizados con fines comerciales.
Acción de la CLI:
Denunciar ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la posible vulneración de la LOPD y del Código Penal (art.198 y ss.), por cuanto se evidencia el incumplimiento de las garantías de protección y seguridad que se exige para el tratamiento de datos de carácter personal y la inobservancia del deber del secreto por los funcionarios responsables de la custodia de estos datos. En definitiva, por el presunto apoderamiento y/o utilización de datos de carácter personal o
familiar que se hallaban registrados en ficheros electrónicos, agravado por la posible concurrencia de la condición de funcionarios de los implicados. Todo el sistema de seguridad anunciado por el obierno ante la puesta en marcha del DNIE queda en entredicho por hechos como el que denunciamos.
Antecedentes:
El 15 de febrero de 2004 el Consejo de Ministros presidido por José María Aznar anunció la puesta en marcha del Documento Nacional de Identidad Electrónico (en adelante DNIE) en la que el desaparecido Ministerio de Ciencia y Tecnología comprometió una inversión de 12,8 millones de euros entre 2004 y 2005.
Según pudimos conocer con este anuncio, el DNIE, permitirá a usuarios, a empresas de comercio electrónico y a la Administración, relacionarse por Internet con seguridad y fiabilidad, será del mismo tamaño y color que el DNI actual, su material se asemejará al de una tarjeta de crédito e incluirá un chip que permitirá identificarse a través de la Red.
Además, permitirá realizar numerosos trámites administrativos, como transacciones bancarias, o acceder a servicios públicos como la Seguridad Social desde Internet.
El proyecto contemplaba que estos documentos se empezaran a extender en pruebas este año, y que los seis millones de DNI que se renueven en 2007, año en el que se completaría la iniciativa, ya sean todos digitales. Se invertirían cerca de 150 millones de euros para que los españoles puedan tener un DNIE seguro, cómodo y fácil de tramitar.
Esta iniciativa unilateral del Gobierno Aznar, obtuvo una replica inmediata desde distintos sectores: Félix Lavilla, Senador por el Partido Socialista, calificó de "cacicada" la manera de poner en marcha el DNI electrónico. Durante un encuentro en Madrid, Lavilla y otros representantes de la oposición expresaron su rechazo a la aprobación, al considerar que ésta debería haberse producido mediante consenso, no por decreto, tras el debate adecuado en el Parlamento.
Uno de los más críticos fue Rafael Fernández Calvo, asesor en Tecnologías de la Información y la Comunicación de Izquierda Unida, quien anunció que su partido recurriría al Tribunal Constitucional.
La Comisión de Libertades Informáticas (CLI) y la Asociación de Internautas también criticaron una "imposición" sin debate previo del DNIE.
La ANEI (Asociación Nacional de Empresas de Internet), por su parte, considera positiva la implantación del DNIE, ya que, a su juicio, favorecerá el comercio electrónico "al incrementar la seguridad y la confianza" en las transacciones 'on line'.
Dos años después todo sigue igual:
El pasado mes julio, pocos días después de la firma de un Convenio Interministerial entre Interior e Industria, Comercio y Turismo, conocimos por los medios de comunicación que la Dirección General de Patrimonio del Estado ha adjudicado a la Unión Temporal de Empresas formada por Telefónica, Indra, y Software AG la definición y el desarrollo del Documento Nacional de Identidad Electrónico Español, por un importe de casi doce millones de euros.
Uno de los términos técnicos que más preocupan a la CLI es el de la incorporación en el DNI electrónico, según informaciones de agencias, de un chip electrónico que contendrá datos biométricos sin definir, además de certificados digitales de identidad digital, con el fin de permitir la identificación exacta del titular así como el desarrollo de servicios avanzados de Administración Electrónica
Otra característica que preocupa a la CLI, es la expedición inmediata del documento, según indican los medios de prensa, a través de los 350 centros de emisión que se repartirán por todo el territorio nacional y que estarán equipados con sistemas de captura que permitan tramitar la solicitud, la firma del ciudadano, la huella dactilar y su fotografía, previo cotejo de la misma con una base de datos central, que autoriza la emisión del documento
Además, no se descarta que el chip del documento incluya el carné de conducir por puntos, según dijo ayer en Francia el ministro español del Interior, José Antonio Alonso.
Siempre a través de medios de comunicación pero nunca mediante información directa de la propia Comisión Coordinadora o del Gobierno, la CLI ha podido conocer todos estos detalles que añaden, a juicio de ésta entidad, la necesidad de traslado a debate social de la pertinencia o no de la información, inicial y posterior, que contendrá nuestro futuro documento de identificación así como de las garantías de protección y medidas de seguridad que los adjudicatarios aplicarán a los datos de carácter personal que se incluyan en el mismo.
El senador de ICV Jordi Guillot, perteneciente al Grupo Entensa Catalana del Progres y Presidente de la Comisión de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, advertido de ésta situación en reunión que representantes de la CLI mantuvieron con él el 29 de junio de 2005, ha solicitado la comparecencia ante la citada Comisión del Senado, de la Presidenta de la Comisión Coordinadora del DNI Electrónico y Vicepresidenta del Gobierno Mª Teresa Fernández de la Vega, a Antoni Farriols en calidad de presidente de la Comisión de Libertades e Informática, al Ministro del Interior José Antonio Alonso y al Director de la Agencia Española de Protección de Datos José Luís Piñar para, en unos casos, informar y, en otros, emitir opinión sobre este tema.
La CLI también solicitó el pasado mes de Junio una entrevista con Mª Teresa Fernández de la Vega, con el fin de aclarar la falta de transparencia que se está detectando con todo este proyecto; solicitud que no ha obtenido respuesta hasta el momento de la redacción de éste comunicado.
La CLI quiere por último trasladar su inquietud acerca de las informaciones inconexas trasladadas a la opinión pública siempre a través de agencias de comunicación, que parecen no dejar muy claros los usos y finalidades que los diferentes entes relacionados en el proyecto pretenden dotar a éste documento.
En este sentido La CLI comparece mañana en el Senado para dinamizar el debate social alrededor de todo el proyecto de DNIE, solicitando el apoyo institucional para que las organizaciones sociales que componen la CLI y otras, puedan todavía participar de forma activa en la discusión del proyecto previamente a su puesta marcha.
Algunas de los aspectos que vamos a destacar y que más nos preocupan son:
· - Nivel de obligatoriedad del DNIE.
· - Ausencia de un verdadero contrapoder frente a la iniciativa del DNIE. Decimos eso porque detectamos dificultades por parte de la Agencia Española de Protección de Datos para controlar o, simplemente, seguir, el proceso de puesta en marcha de esta herramienta. Eso ya lo hemos denunciado públicamente pues, hasta el momento, la AEPD no está desempeñando su papel en el grado que consideramos le correspondería en este proyecto a diferencia de otras autoridades de control de datos en otros países europeos.
· - Seguridad, compatibilidad y standarización del software. Igualmente nos preocupa la accesibilidad.
· - Principio de Finalidad. Después de oír apresuradas declaraciones de responsables ministeriales de los sucesivos Gobiernos respecto a que el DNIE podría contener diferentes datos referidos a la tarjeta sanitaria y al carné de conducir, la
CLI quiere manifestar de nuevo su postura ante este importante aspecto de los contenidos del futuro documento: El DNIE debiera ser un documento oficial que se crea con el objetivo exclusivo de autenticar la identidad de su titular. No debería incluir más datos de los necesarios para la identificación (huella digital y foto).
· - Ley Específica. Ya hemos comentado en otras ocasiones la necesidad de que, al estar afectados en este proyecto de desarrollo del DNIE, derechos fundamentales del individuo, es indispensable una Ley Orgánica. No se puede despachar el asunto con dos artículos introducidos con prisas y mal, en la ley de firma electrónica de 2003 y complementar esta situación, simplemente con un acuerdo interministerial. Nos parece inconcebible además de claramente insuficiente.
La Comisión de Libertades e Informática, considerando que sigue existiendo una brecha digital entre tecnologías emergentes y sociedad, solicita que se consensúe la puesta en marcha de esta nueva herramienta y se abra el necesario debate social en el que se recoja la opinión de la sociedad civil y, al formar parte de ella, de las organizaciones miembros de la CLI para que puedan ejercer su derecho a exponer sus inquietudes.
Asunto: Denuncia ante la Fiscalía por una posible vulneración de la LOPD y del Código Penal por hechos relacionados con un presunto mal uso de los datos personales de miles de DNI.
Antecedentes:
El diario "El Mundo" publicó el pasado día 7 de noviembre de 2005 la noticia de que los miembros de Asuntos Internos de la Policía recibieron una denuncia sobre un presunto mal uso de los datos personales de más de 25.000 titulares de DNI, bajo sospecha de estar siendo cedidos o incluso vendidos para ser utilizados con fines comerciales.
Acción de la CLI:
Denunciar ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la posible vulneración de la LOPD y del Código Penal (art.198 y ss.), por cuanto se evidencia el incumplimiento de las garantías de protección y seguridad que se exige para el tratamiento de datos de carácter personal y la inobservancia del deber del secreto por los funcionarios responsables de la custodia de estos datos. En definitiva, por el presunto apoderamiento y/o utilización de datos de carácter personal o
familiar que se hallaban registrados en ficheros electrónicos, agravado por la posible concurrencia de la condición de funcionarios de los implicados. Todo el sistema de seguridad anunciado por el obierno ante la puesta en marcha del DNIE queda en entredicho por hechos como el que denunciamos.
