A LA PRESIDENCIA DEL SENADO
Jordi Guillot i Miravet, senador por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, al amparo de lo establecido en el artículo 170 del Reglamento de la Cámara, solicita la tramitación de la siguiente INTERPELACIÓN ante el Pleno del Senado.
Palacio del Senado, 10 de octubre de 2005
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En los últimos meses, numerosas asociaciones de consumidores, de internautas, particulares, organismos públicos, entre otros, vienen denunciando la indefensión que sufren un importante número de usuarios de telefonía fija, móvil, ADSL, etc.
Las compañías ponen mil obstáculos a sus clientes para prestar sus servicios, para cancelarlos y/o para modificarlos. Dichos obstáculos, prácticamente siempre, repercuten tanto en la calidad del servicio recibido e, incluso no recibido, por los usuarios, como en el coste económico que supone pagar por un servicio del que ni siquiera se ha dispuesto o sobre costes como las llamadas a los teléfonos de reclamaciones y la entrada en una maraña burocrática de la que los usuarios tienen importantes dificultades para resolver.
Hoy en día existe la creencia mayoritaria, y, a menudo, la certeza de que el sector de las telecomunicaciones no está controlado por las administraciones públicas para que los usuarios que contratan este tipo de servicios tengan la garantía de ver salvaguardados sus derechos fundamentales.
Por todo ello se presenta la siguiente interpelación:
INTERPELACIÓN
¿Cuales son las políticas del Gobierno para las defensas de los derechos de los consumidores frente a las compañías prestadoras de servicios de telefonía fija, móvil, ADSL ...?
Jordi Guillot i Miravet, senador por Barcelona, perteneciente al Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, al amparo de lo establecido en el artículo 170 del Reglamento de la Cámara, solicita la tramitación de la siguiente INTERPELACIÓN ante el Pleno del Senado.
Palacio del Senado, 10 de octubre de 2005
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En los últimos meses, numerosas asociaciones de consumidores, de internautas, particulares, organismos públicos, entre otros, vienen denunciando la indefensión que sufren un importante número de usuarios de telefonía fija, móvil, ADSL, etc.
Las compañías ponen mil obstáculos a sus clientes para prestar sus servicios, para cancelarlos y/o para modificarlos. Dichos obstáculos, prácticamente siempre, repercuten tanto en la calidad del servicio recibido e, incluso no recibido, por los usuarios, como en el coste económico que supone pagar por un servicio del que ni siquiera se ha dispuesto o sobre costes como las llamadas a los teléfonos de reclamaciones y la entrada en una maraña burocrática de la que los usuarios tienen importantes dificultades para resolver.
Hoy en día existe la creencia mayoritaria, y, a menudo, la certeza de que el sector de las telecomunicaciones no está controlado por las administraciones públicas para que los usuarios que contratan este tipo de servicios tengan la garantía de ver salvaguardados sus derechos fundamentales.
Por todo ello se presenta la siguiente interpelación:
INTERPELACIÓN
¿Cuales son las políticas del Gobierno para las defensas de los derechos de los consumidores frente a las compañías prestadoras de servicios de telefonía fija, móvil, ADSL ...?
