EFE Diputados y senadores votaron a favor de esta propuesta de resolución presentada por el grupo socialista al informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre el análisis de la eficiencia del proyecto RHODAS: Migración a estaciones de trabajo Linux para el usuario final en el Ministerio de Administraciones Públicas.
En la misma línea, votaron a favor de que el Gobierno estudie los fundamentos técnicos, la viabilidad y las ventajas o desventajas que para la Administración tendría la adopción, con carácter general, de soluciones basadas en el uso de software libre.
Esta propuesta de resolución, defendida por el grupo popular, exige a la Administración "tener en cuenta los principios de buena administración en la gestión de los recursos públicos que obligan a contemplar las mejoras técnicas disponibles, priorizando la eficacia y la eficiencia en la consecución de los objetivos a que deben ceñirse los servicios públicos, con mantenimiento de posiciones de neutralidad en cuanto ello sea posible".
Por otro lado, la Comisión Mixta aprobó también instar al Gobierno a procurar que las empresas estatales y dependientes de las Administraciones Públicas sometan sus proyectos de obras al control de los órganos medioambientales competentes y a que informen de las acciones derivadas de la declaración de impacto ambiental.
Las empresas deberán elaborar informes de control y seguimiento de las medidas ambientales y contabilizar de forma separada las acciones de carácter ambiental especificadas en la declaración de impacto ambiental tanto en el presupuesto de ejecución, como en las certificaciones de obra.
En la misma línea, votaron a favor de que el Gobierno estudie los fundamentos técnicos, la viabilidad y las ventajas o desventajas que para la Administración tendría la adopción, con carácter general, de soluciones basadas en el uso de software libre.
Esta propuesta de resolución, defendida por el grupo popular, exige a la Administración "tener en cuenta los principios de buena administración en la gestión de los recursos públicos que obligan a contemplar las mejoras técnicas disponibles, priorizando la eficacia y la eficiencia en la consecución de los objetivos a que deben ceñirse los servicios públicos, con mantenimiento de posiciones de neutralidad en cuanto ello sea posible".
Por otro lado, la Comisión Mixta aprobó también instar al Gobierno a procurar que las empresas estatales y dependientes de las Administraciones Públicas sometan sus proyectos de obras al control de los órganos medioambientales competentes y a que informen de las acciones derivadas de la declaración de impacto ambiental.
Las empresas deberán elaborar informes de control y seguimiento de las medidas ambientales y contabilizar de forma separada las acciones de carácter ambiental especificadas en la declaración de impacto ambiental tanto en el presupuesto de ejecución, como en las certificaciones de obra.
