El sector de las telecomunicaciones rechaza la obligatoriedad de prestar un servicio universal de telefonía, una condición que no se ha impuesto a otros sectores como el de la electricidad, el gas o el agua, y que además está sufriendo desde hace años el aumento de las exigencias de servicio por parte de las administraciones, sin tener en cuenta el coste de estas medidas y sin diseñar, por tanto, sus mecanismos de financiación.
Esta posición fue defendida ayer por el responsable de Regulación de Telefonica de España, Rafael Díaz Vega, que intervino en la jornada sobre Retos Estratégicos en Telecomunicaciones, organizadas por Recoletos Conferencias y Formación, con el patrocinio de Vodafone y del bufete Gómez-Acebo y Pombo.
Pero este rechazo al servicio universal contó con la adhesión de José Joaquín Mollinedo, responsable de regulación de Auna, uno de los principales rivales del ex monopolio en el sector. Mollinedo señaló que no es lógico que este peso caiga sobre operadoras privadas cuyo servicio está contemplado como de ?interés general? y no como ?servicio público?. En lo que discreparon, sin embargo, fue en el impacto del servicio universal en las cuentas de Telefónica.
El responsable de Telefónica consideró que la situación actual ?en la que la responsabilidad de prestar el servicio y el coste recaen exclusivamente en Telefónica? es insostenible, sobre todo después de que el Gobierno haya anunciado que extenderá la obligación para Telefónica desde 2005 a 2007.
Por su parte, el ejecutivo de Auna mantuvo que el impacto de la prestación del servicio universal para Telefónica de España es decreciente y que, además, si se implicara al resto del sector en la financiación de este coste ?mediante la constitución de un fondo, largamente reclamado por el ex monopolio? el impacto para los operadores alternativos sería superior.
El director general de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria, Bernardo Lorenzo, señaló a este respecto que el reglamento que desarrolla el servicio universal se publicará próximamente, puesto que se ha elevado ya para informe al Consejo de Estado. Este reglamento abre la posibilidad teórica a la creación del Fondo Nacional y establece, además, el método para el cálculo del sobrecoste, que luego deberá ser usado por la CMT para cuantificar el coste anual del servicio.
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Esta posición fue defendida ayer por el responsable de Regulación de Telefonica de España, Rafael Díaz Vega, que intervino en la jornada sobre Retos Estratégicos en Telecomunicaciones, organizadas por Recoletos Conferencias y Formación, con el patrocinio de Vodafone y del bufete Gómez-Acebo y Pombo.
Pero este rechazo al servicio universal contó con la adhesión de José Joaquín Mollinedo, responsable de regulación de Auna, uno de los principales rivales del ex monopolio en el sector. Mollinedo señaló que no es lógico que este peso caiga sobre operadoras privadas cuyo servicio está contemplado como de ?interés general? y no como ?servicio público?. En lo que discreparon, sin embargo, fue en el impacto del servicio universal en las cuentas de Telefónica.
El responsable de Telefónica consideró que la situación actual ?en la que la responsabilidad de prestar el servicio y el coste recaen exclusivamente en Telefónica? es insostenible, sobre todo después de que el Gobierno haya anunciado que extenderá la obligación para Telefónica desde 2005 a 2007.
Por su parte, el ejecutivo de Auna mantuvo que el impacto de la prestación del servicio universal para Telefónica de España es decreciente y que, además, si se implicara al resto del sector en la financiación de este coste ?mediante la constitución de un fondo, largamente reclamado por el ex monopolio? el impacto para los operadores alternativos sería superior.
El director general de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria, Bernardo Lorenzo, señaló a este respecto que el reglamento que desarrolla el servicio universal se publicará próximamente, puesto que se ha elevado ya para informe al Consejo de Estado. Este reglamento abre la posibilidad teórica a la creación del Fondo Nacional y establece, además, el método para el cálculo del sobrecoste, que luego deberá ser usado por la CMT para cuantificar el coste anual del servicio.
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