Pero este argumento es una falacia, pues, en primer lugar, cuando una biblioteca compra un libro ya está abonando los derechos de autor correspondientes y, por otro lado, parece dudoso que ese pretendido canon fuera realmente a engrosar los bolsillos del autor, habida cuenta de que por contrato éste deberá ceder al editor la autorización y el cobro del préstamo en bibliotecas a través de una entidad de gestión. Pero es que además son las bibliotecas y no las librerías (obligadas a renovar casi a diario sus estantes por la avalancha continua de novedades editoriales) las que verdaderamente mantienen disponibles y difunden los libros. Las bibliotecas, por tanto, no sólo no hacen la competencia a editores y autores, sino que son sus verdaderas aliadas.
El canon que se pretende imponer recaería sobre todos los ciudadanos, pues se ha planteado cobrarlo de manera indirecta, es decir, detrayéndolo de las partidas presupuestarias que las distintas administraciones destinan a bibliotecas, dinero que se saca de nuestros impuestos. Pero la cuestión tiene mucha más trascendencia que el aspecto meramente económico, por más que éste sea la causa última: el préstamo de pago no es sino una mercantilización de los bienes culturales que supone un paso más en la progresiva privatización de los servicios públicos y un ataque frontal al derecho a la cultura de todos los españoles, recogido en nuestra Constitución (art. 44.1).
Desde CEDRO y la SGAE se publicita la obligación del Estado español de someterse a la normativa comunitaria y el proceso abierto por la UE a seis países europeos (entre ellos el nuestro) por las amplias excepciones que sus legislaciones nacionales contemplan para este canon. Pero se silencia que la propia Directiva señala que Los Estados miembros podrán eximir a determinadas categorías de establecimientos del pago de la remuneración (art. 5.3), atendiendo a la tradición cultural y la situación específica de cada país. De hecho la intención de la citada Directiva se centraba en sistemas bibliotecarios fuertemente asentados, dotadas de suficientes medios y donde el préstamo es muy elevado, panorama de otros países europeos muy alejado de la situación de las bibliotecas en España.
Consciente de estas diferencias entre países comunitarios, el Comité Económico y Social elaboró en 1991 un informe sobre la Directiva en el que señalaba que la utilización de un derecho de préstamo no debería causar perjuicio al funcionamiento de las bibliotecas públicas imponiéndoles costos excesivos (art. 2.2.2.3). Pues bien, en nuestro país las tasas que deberían pagar las bibliotecas pondrían en riesgo la adquisición y tratamiento de nuevos ejemplares, así como las actividades de difusión de la lectura, amenazando seriamente su supervivencia.
La exención reconocida por la norma comunitaria queda recogida en la Ley de Propiedad Intelectual española, transposición de la citada Directiva: Los museos, archivos, bibliotecas, hemerotecas, fonotecas o filmotecas de titularidad pública o que pertenezcan a entidades de interés general de carácter cultural, científico o educativo sin ánimo de lucro, o a instituciones docentes integradas en el sistema educativo español, no precisarán autorización de los titulares de los derechos ni les satisfarán remuneración por los préstamos que realicen (art. 37.2). Pero actualmente se trabaja en la reforma de esta ley, bajo las fuertes presiones de entidades tan poderosas como CEDRO y la SGAE, que pretenden introducir en el texto reformado el citado canon por préstamo.
Para evitarlo, en enero de este año las Bibliotecas Públicas del Estado iniciaron una campaña a la que se han sumado centenares de bibliotecas de otros ámbitos (universitarias, municipales), instituciones diversas, profesores, algunas editoriales, numerosos autores tanto literarios como del campo de las Ciencias y las Humanidades, usuarios de bibliotecas y público en general. Algunas de sus acciones han sido la celebración de las Jornadas contra el préstamo de pago en bibliotecas (20-21 de febrero, Guadalajara), la elaboración de distintos manifiestos, una cadena humana compuesta por bibliotecarios, editores, libreros, lectores y autores (la B.E.L.L.A. cadena) que rodeó la Biblioteca Nacional el pasado jueves 22 de abril, una carta al Defensor del Pueblo, firmada por miles de personas, solicitando su apoyo a esta causa o una entrevista con el Defensor del Menor (información completa en: http://www.maratondeloscuentos.org/librolibre/jornadaslibrolibre.htm .
La campaña, que permanece abierta y tiene cada vez más fuerza y adhesiones, no va contra el derecho legítimo de los autores a defender sus derechos como titulares, derecho que las bibliotecas respetan y al que, como ya se ha dicho, contribuyen, sino contra el cobro por préstamo en bibliotecas y, por tanto, a favor de un servicio bibliotecario de calidad y del acceso libre para todos a la cultura y a la información.
Pilar Muñoz López es Doctora en Historia Contemporánea y autora y usuaria de bibliotecas El Confidencial Digital
PARTICIPA EN LA CAMPAÑA CONTRA EL CANON DE LOS CDs y DVDs
...Es como un cuento perverso en el que los poetas atracan a su pueblo, los cantantes llaman piratas o pendejos electrónicos a los ciudadanos honestos, los músicos cambian sus instrumentos por calculadoras y a los autores les inspira la letra de las leyes y de los reglamentos para aplicar tasas. Una verdadera pesadilla, para salir de la cual basta con abrir los ojos y no dejarse engañar.
El canon que se pretende imponer recaería sobre todos los ciudadanos, pues se ha planteado cobrarlo de manera indirecta, es decir, detrayéndolo de las partidas presupuestarias que las distintas administraciones destinan a bibliotecas, dinero que se saca de nuestros impuestos. Pero la cuestión tiene mucha más trascendencia que el aspecto meramente económico, por más que éste sea la causa última: el préstamo de pago no es sino una mercantilización de los bienes culturales que supone un paso más en la progresiva privatización de los servicios públicos y un ataque frontal al derecho a la cultura de todos los españoles, recogido en nuestra Constitución (art. 44.1).
Desde CEDRO y la SGAE se publicita la obligación del Estado español de someterse a la normativa comunitaria y el proceso abierto por la UE a seis países europeos (entre ellos el nuestro) por las amplias excepciones que sus legislaciones nacionales contemplan para este canon. Pero se silencia que la propia Directiva señala que Los Estados miembros podrán eximir a determinadas categorías de establecimientos del pago de la remuneración (art. 5.3), atendiendo a la tradición cultural y la situación específica de cada país. De hecho la intención de la citada Directiva se centraba en sistemas bibliotecarios fuertemente asentados, dotadas de suficientes medios y donde el préstamo es muy elevado, panorama de otros países europeos muy alejado de la situación de las bibliotecas en España.
Consciente de estas diferencias entre países comunitarios, el Comité Económico y Social elaboró en 1991 un informe sobre la Directiva en el que señalaba que la utilización de un derecho de préstamo no debería causar perjuicio al funcionamiento de las bibliotecas públicas imponiéndoles costos excesivos (art. 2.2.2.3). Pues bien, en nuestro país las tasas que deberían pagar las bibliotecas pondrían en riesgo la adquisición y tratamiento de nuevos ejemplares, así como las actividades de difusión de la lectura, amenazando seriamente su supervivencia.
La exención reconocida por la norma comunitaria queda recogida en la Ley de Propiedad Intelectual española, transposición de la citada Directiva: Los museos, archivos, bibliotecas, hemerotecas, fonotecas o filmotecas de titularidad pública o que pertenezcan a entidades de interés general de carácter cultural, científico o educativo sin ánimo de lucro, o a instituciones docentes integradas en el sistema educativo español, no precisarán autorización de los titulares de los derechos ni les satisfarán remuneración por los préstamos que realicen (art. 37.2). Pero actualmente se trabaja en la reforma de esta ley, bajo las fuertes presiones de entidades tan poderosas como CEDRO y la SGAE, que pretenden introducir en el texto reformado el citado canon por préstamo.
Para evitarlo, en enero de este año las Bibliotecas Públicas del Estado iniciaron una campaña a la que se han sumado centenares de bibliotecas de otros ámbitos (universitarias, municipales), instituciones diversas, profesores, algunas editoriales, numerosos autores tanto literarios como del campo de las Ciencias y las Humanidades, usuarios de bibliotecas y público en general. Algunas de sus acciones han sido la celebración de las Jornadas contra el préstamo de pago en bibliotecas (20-21 de febrero, Guadalajara), la elaboración de distintos manifiestos, una cadena humana compuesta por bibliotecarios, editores, libreros, lectores y autores (la B.E.L.L.A. cadena) que rodeó la Biblioteca Nacional el pasado jueves 22 de abril, una carta al Defensor del Pueblo, firmada por miles de personas, solicitando su apoyo a esta causa o una entrevista con el Defensor del Menor (información completa en: http://www.maratondeloscuentos.org/librolibre/jornadaslibrolibre.htm .
La campaña, que permanece abierta y tiene cada vez más fuerza y adhesiones, no va contra el derecho legítimo de los autores a defender sus derechos como titulares, derecho que las bibliotecas respetan y al que, como ya se ha dicho, contribuyen, sino contra el cobro por préstamo en bibliotecas y, por tanto, a favor de un servicio bibliotecario de calidad y del acceso libre para todos a la cultura y a la información.
Pilar Muñoz López es Doctora en Historia Contemporánea y autora y usuaria de bibliotecas El Confidencial Digital
PARTICIPA EN LA CAMPAÑA CONTRA EL CANON DE LOS CDs y DVDs
...Es como un cuento perverso en el que los poetas atracan a su pueblo, los cantantes llaman piratas o pendejos electrónicos a los ciudadanos honestos, los músicos cambian sus instrumentos por calculadoras y a los autores les inspira la letra de las leyes y de los reglamentos para aplicar tasas. Una verdadera pesadilla, para salir de la cual basta con abrir los ojos y no dejarse engañar.
