Tomàs Delclós, El País - Mientras Estados Unidos ha frenado las leyes antipiratería (SOPA y PIPA) para buscar un mayor consenso, el citado tratado ya fue suscrito, el año pasado, por Estados Unidos, uno de sus principales impulsores, Canadá, Australia, Japón, Corea del Sur y Nueva Zelanda, entre otros países. Este acuerdo comercial propone aplicar distintas medidas por parte de los estados que lo apoyan para luchar contra el comercio de falsificaciones y la distribución sin licencia de material protegido por derechos de autor.
Lo que más preocupa a quienes combaten su redactado es que introduce medidas genéricas cuya aplicación concreta podría suponer la persecución penal de proveedores de Internet que favorecieran la piratería a nivel comercial.
ACTA admitiría nuevas sanciones penales para obligar a los proveedores de Internet a vigilar los contenidos en Internet, lo que supondría, según sus oponentes, una merma en la libertad de expresión y un incremento de la inseguridad jurídica ya que autorizaría a los titulares de derechos a obtener información sobre los infractores en la Red por parte de los operadores. No se trata de artículos de obligado cumplimiento por parte de los Estados. Las autoridades europeas, ante el escándalo que provocó el conocimiento de las negociaciones secretas del citado tratado, han asegurado que en la UE cualquier fórmula de persecución de la infracción se dará por la vía judicial. Quienes se oponen al tratado, por su ambiguo y genérico redactado, subrayan expresiones como la necesidad de remedios expeditivos para prevenir las infracciones y el despliegue de obstáculos para impedir que avance la piratería. El texto añade que los procedimientos que se pacten deben respetar la privacidad y la libertad de expresión.
El tratado apela a la colaboración entre distintos sectores. La palabra Internet no figura en el redactado que prefiere la expresión entornos digitales. El tratado prevé sanciones civiles, por daños y perjuicios a los intermediarios, sobre cuya cuantía no se aclara la manera de fijarla.
En marzo de 2010, la UE publicó el borrador tras la octava ronda negociadora después de que el Parlamento europeo recordara que es competente para estudiar los tratados internacionales en los que participe la UE y mostró su desacuerdo con el secretismo de las negociaciones.
Ayer, John Clancy, portavoz del comisario de Comercio Karel de Gucht ya hizo las primeras declaraciones para calmar los ánimos de la comunidad de Internet. ACTA, aseguró, no restringe la libertad de Internet ni propone la censura de webs. El tratado quiere garantizar que las organizaciones criminales sean perseguidas cuando roban la propiedad intelectual, dañando la innovación y destruyendo empleo. Clancy insistió en que no interfiere en la manera en que usamos Internet en nuestra vida cotidiana. Alguna aclaración sobre lo que no es ACTA demuestra la manera en que puede ser entendido por otros. Los ciudadanos podrán seguir usando las redes sociales como Facebook o Twitter como en el pasado, aseguró.
Según la UE, se trata de untexto distinto a las leyes estadounidenses SOPA y PIPA, ahora congeladas, porque no prevé impedir el acceso a la Red. La UE calcula que Europa pierde anualmente ocho mil millones de euros por el tráfico de material pirateado.
En España, la Asociación de Internautas ha mantenido una postura totalmente contraria a que prospere ACTA en el Parlamento Europeo.
RedTel , la asociación española de operadores de telecomunicaciones, cuestionó en abril de 2010 el proyecto de tratado, soprendida porque un borrador de acuerdo comercial no contenga "ninguna mención a crear oportunidades de comercio". La asociación explicó que si bien esto es "lógico" en el caso de la piratería de bienes físicos, donde ya existe un mercado legal de bienes equivalentes, en el caso de la 'piratería digital' el tratado ACTA refleja el mismo problema que la Disposición Final segunda del Proyecto de Ley de Economía Sostenible en España, que "sólo se ocupa de medidas penalizadoras", olvidando que el problema es la débil oferta legal de contenidos.
Hoy, el Parlamento Europeo ha sufrido un ataque informático. Anonymous había convocado asaltos digitales contra la UE, pero había excluído como objetivo al Parlamento.
Lo que más preocupa a quienes combaten su redactado es que introduce medidas genéricas cuya aplicación concreta podría suponer la persecución penal de proveedores de Internet que favorecieran la piratería a nivel comercial.
ACTA admitiría nuevas sanciones penales para obligar a los proveedores de Internet a vigilar los contenidos en Internet, lo que supondría, según sus oponentes, una merma en la libertad de expresión y un incremento de la inseguridad jurídica ya que autorizaría a los titulares de derechos a obtener información sobre los infractores en la Red por parte de los operadores. No se trata de artículos de obligado cumplimiento por parte de los Estados. Las autoridades europeas, ante el escándalo que provocó el conocimiento de las negociaciones secretas del citado tratado, han asegurado que en la UE cualquier fórmula de persecución de la infracción se dará por la vía judicial. Quienes se oponen al tratado, por su ambiguo y genérico redactado, subrayan expresiones como la necesidad de remedios expeditivos para prevenir las infracciones y el despliegue de obstáculos para impedir que avance la piratería. El texto añade que los procedimientos que se pacten deben respetar la privacidad y la libertad de expresión.
El tratado apela a la colaboración entre distintos sectores. La palabra Internet no figura en el redactado que prefiere la expresión entornos digitales. El tratado prevé sanciones civiles, por daños y perjuicios a los intermediarios, sobre cuya cuantía no se aclara la manera de fijarla.
En marzo de 2010, la UE publicó el borrador tras la octava ronda negociadora después de que el Parlamento europeo recordara que es competente para estudiar los tratados internacionales en los que participe la UE y mostró su desacuerdo con el secretismo de las negociaciones.
Ayer, John Clancy, portavoz del comisario de Comercio Karel de Gucht ya hizo las primeras declaraciones para calmar los ánimos de la comunidad de Internet. ACTA, aseguró, no restringe la libertad de Internet ni propone la censura de webs. El tratado quiere garantizar que las organizaciones criminales sean perseguidas cuando roban la propiedad intelectual, dañando la innovación y destruyendo empleo. Clancy insistió en que no interfiere en la manera en que usamos Internet en nuestra vida cotidiana. Alguna aclaración sobre lo que no es ACTA demuestra la manera en que puede ser entendido por otros. Los ciudadanos podrán seguir usando las redes sociales como Facebook o Twitter como en el pasado, aseguró.
Según la UE, se trata de untexto distinto a las leyes estadounidenses SOPA y PIPA, ahora congeladas, porque no prevé impedir el acceso a la Red. La UE calcula que Europa pierde anualmente ocho mil millones de euros por el tráfico de material pirateado.
En España, la Asociación de Internautas ha mantenido una postura totalmente contraria a que prospere ACTA en el Parlamento Europeo.
RedTel , la asociación española de operadores de telecomunicaciones, cuestionó en abril de 2010 el proyecto de tratado, soprendida porque un borrador de acuerdo comercial no contenga "ninguna mención a crear oportunidades de comercio". La asociación explicó que si bien esto es "lógico" en el caso de la piratería de bienes físicos, donde ya existe un mercado legal de bienes equivalentes, en el caso de la 'piratería digital' el tratado ACTA refleja el mismo problema que la Disposición Final segunda del Proyecto de Ley de Economía Sostenible en España, que "sólo se ocupa de medidas penalizadoras", olvidando que el problema es la débil oferta legal de contenidos.
Hoy, el Parlamento Europeo ha sufrido un ataque informático. Anonymous había convocado asaltos digitales contra la UE, pero había excluído como objetivo al Parlamento.
